Los denunciantes, según su abogado, Eduard Clavell, dan por «buena» la sentencia, aunque lamentan que llegue tarde puesto que el negocio ya está legalizado. Por otra parte, entienden que la sentencia da pie a pedir el pago de una indemnización al Ayuntamiento de Sant Josep. El abogado solicitó al juez que el propietario de la Carpintería Alba pagase una indemnización de 45.000 euros a cada uno de sus defendidos por las molestias sufridas por la actividad de su empresa, pero finalmente ha quedado en 3.000 euros. En este sentido, la sentencia establece que «el hecho de que ciertamente a partir del año 2001 el Ayuntamiento no prosiguiera con su requerimiento [el precinto] para acabar finalmente autorizando la actividad no puede más que traducirse en una disminución de la indemnización solicitada». En eso se basa la defensa de los vecinos para poder reclamar también responsabilidades al Consistorio.
En todo caso, Clavell apunta que «el objetivo principal es que no haya actividad empresarial, ni siquiera el edificio», legalizado por el Consistorio en marzo. Los vecinos han recurrido el acuerdo de legalización del negocio y están a la espera de la respuesta que dé el Consistorio a «los errores» detectados en el expediente. «Queremos actuar de buena fe y pensar que son errores, pero si no es así exigiremos responsabilidades penales», apunta. El letrado cree que podrían pedir responsabilidades penales por un supuesto «delito de prevaricación o falsedad documental».
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