Un grupo de antidisturbios de la Guardia Civil carga en la carretera del aeropuerto contra los antiautopistas, que intentan que las máquinas no entren en las fincas de los expropiados.
«Somos conscientes de que el conflicto surge por unos proyectos que se llevan a cabo sin consenso (...) Nosotros estamos atados de pies y manos y tenemos que hacer lo que debemos hacer, nos guste o no». El delegado del Gobierno, Ramon Socias, del PSOE, dejó claro ayer en Eivissa que no son de su agrado los proyectos de carreteras que promueve el actual Govern del PP en la isla -«no los compartimos por ideología», dijo- y que cada vez que ha dado la orden a la Guardia Civil de desalojar a los antiautopistas ha sido porque «no había otro remedio». A su entender, los antiautopistas y también los votantes del PSOE, cuyos líderes se han manifestado contra los proyectos y las irregularidades en las expropiaciones, deben entender su situación, por contradictoria que resulte. «No es el PSOE quien envía a la Guardia Civil, es la Delegación del Gobierno», matizó ante la extraña situación de verse en «la obligación» de ordenar utilizar la fuerza para que se puedan realizar unas obras que su propio partido critica no sólo por su trazado, sino también porque considera que no se está respetando la ley en el sangrante asunto de las expropiaciones.
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