El Colegio Balear de Arquitectos expresa su «preocupación» por las
noticias aparecidas sobre el caso del arquitecto municipal de Sant
Josep, Antonio Huerta, que informó favorablemente un proyecto
redactado por su nuera, Pilar Fernández, para la construcción de 14
apartamentos, ocho dúplex, tres estudios y una piscina en la zona
de ses Serretes de Cala Carbó, obra, que, según el GEN, dobla la
capacidad de lo que permite la normativa. Antonio Huerta también
informó a favor del recurso presentado por Fernández para levantar
la suspensión cautelar de las obras decretada por el Consistorio a
raíz de una denuncia presentada por la oposición.
Fuentes de la Junta Directiva del Colegio Balear de Arquitectos
aseguran que las noticias publicadas en la prensa acerca de este
asunto «pone en evidencia la dignidad y la integridad de la
profesión», sin entrar a valorar su veracidad y el alcance de sus
consecuencias. «Nos interesa que la imagen de la arquitectura y los
profesionales en general estén fuera de toda duda», dicen las
mismas fuentes, que, no obstante, puntualizan que, sobre el papel,
parece que se trata más bien de una cuestión sobre el desarrollo de
la actividad funcionarial. Precisamente, la Fiscalía ha iniciado
una investigación al ver indicios de un posible delito de
incompatibilidad de funcionarios.
El colectivo de arquitectos, según ha podido saber este diario,
sólo podría intervenir en el caso de que alguno de los colegiados
faltara al código deontológico que figura en sus estatutos, algo
que cabría demostrar. «El Colegio de Arquitectos tiene la
obligación de preservar la dignidad de la profesión», apuntan las
fuentes. El órgano colegiado de los arquitectos, recuerdan, ya no
hace informes vinculantes sobre los proyectos y se limitan a
visarlos, por lo que no se puede controlar la legalidad de los
mismos. Esta función de supervisión corresponde sólo a la
administración. El Colegio dispone de una comisión deontológica
independiente, donde se debaten los casos en los que se haya podido
saltar el código ético.
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