La Delegación de Gobierno en Balears no tramita ninguna solicitud
de arraigo laboral o social de extranjeros desde el pasado mes de
julio, circunstancia que repercute en la carga de trabajo que están
soportando los dos juzgados de lo contencioso de Palma.
La Delegación de Gobierno tuvo que poner en marcha un operativo
especial el pasado mes de febrero, de 90 días de duración, para
intentar evitar, sin conseguirlo, las colas de inmigrantes antes
las oficinas habilitadas especialmente para desarrollar esa
actividad.
El «cuello de botella» en la Delegación de Gobierno afecta a
cientos de peticiones de inmigrantes, que intentan acelerar sus
respectivas demandas acudiendo al juez.
La coordinadora de Extranjería del Colegio de Abogados,
Margarita Palos, confirmó a este diario que los recursos están
paralizados desde hace cuatro meses, y el portavoz de la Delegación
de Gobierno, Jordi Bayona, explicó que esa situación se ha
producido porque los funcionarios de extranjería, han tenido que
atender más de 21.000 solicitudes de normalización en tres meses.
Por ello, algunos servicios, como el que atiende las peticiones de
arraigo social o laboral, han quedado desasistidos, circunstancia
que se resolverá en los próximos días ya que el proceso de
normalización finalizó hace un mes, dijo Bayona.
Palos subrayó que la situación planteada en la Delegación de
Gobierno repercute de forma directa en los juzgados de lo
contencioso, que deben atender cientos de recursos que, en
condiciones normales, deberían ser resueltos por la entidad que
dirige Ramón Socías.
Una vez concluido el proceso de normalización, unos 30.000
inmigrantes que llevan trabajando en España «sin papeles» en los
últimos seis meses de 2004 se incorporarán al mercado laboral de
las Islas con todos sus derechos.
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