El Gobierno central no prevé construir viviendas de protección pública

Para Antoni Marí Marí, se trata, una vez más, «de una promesa incumplida por parte del Ejecutivo central», ya que, según denunció, se demuestra la «falta de intencionalidad» del Gobierno de llevar a cabo proyectos que «prometió realizar», ya que esta iniciativa del Ministerio de Vivienda «está recogida en el Plan de Medidas Urgentes en materia de Vivienda y Suelo, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 16 de julio de 2005».

Según el Gobierno, dentro de este proyecto, que afecta a todo el territorio, está el propósito decidido del PSOE de que los suelos patrimoniales de titularidad estatal se desafecten del uso público (en la medida en la que sean idóneos para ello por su situación y características), y se destinen preferentemente a la construcción de viviendas de acogida o protección pública, así como a equipamientos y servicios públicos, en concertación con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales. Sin embargo, el Ejecutivo reconoció que para ello, «es necesario proceder a la identificación de los posibles suelos objeto de desafectación de los distintos Departamentos y los Entes Públicos de ellos dependientes y, a continuación, establecer cuáles de estos suelos son idóneos para el uso residencial de vivienda protegida y la viabilidad de la correspondiente actuación». Además, destacó que esto se está realizando «en colaboración con los Departamentos afectados, que son los que, en ejercicio de sus competencias, tienen que impulsar la declaración de innecesariedad de los suelos, que es el primer paso para proceder a la desafectación». El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recordó que éste ha sido el camino seguido por el Ejecutivo «en todas las actuaciones de movilización de importantes bolsas de suelo del Estado, como es el caso de los terrenos del antiguo acuartelamiento de Son Busquets, en Mallorca. Así, señaló que los 110.000 metros cuadrados de estos terrenos están incluidos en un Convenio con el Ayuntamiento, firmado en 1998, y sobre los que, sólo ahora, se ha logrado un principio de acuerdo para construir sobre los mismos viviendas y dotaciones, incluyendo un elevado porcentaje de viviendas protegidas». Para Marí Marí, la actuación del Ministerio es «injusta y demagógica, ya que hace una declaración de intereses para, al final, reconocer la inviabilidad de sus propios proyectos». Sin embargo, el senador pitiuso se mostró esperanzado ante la posibilidad de que en un futuro, sí se construyan viviendas de protección oficial «para las que continuaremos trabajando en positivo», concluyó.