La mansión de Michel Cretu, que corona una cima en Santa Agnès.

La mansión de Michel Cretu, que corona una cima en Santa Agnès.

EUGENIO RODRÍGUEZ11/08/05 0:00
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El fiscal antimafia y anticorrupción de Balears, Juan Carrau, ha rechazado proseguir la instrucción de los casos de la mansión de Michel Cretu y la urbanización de Los Parques de es Cubells porque considera que pueden ser constitutivos de «delitos comunes», fuera del ámbito de las competencias de su departamento. Carrau solicitó en mayo a la Fiscalía de Eivissa toda la documentación de ambos expedientes para determinar si podía dar un cambio a la investigación iniciada por supuestos delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente.

El fiscal anticorrupción entiende, tras revisar la documentación, que ni el caso Cretu ni el de la urbanización de es Cubells encajan en el listado cerrado de delitos que son de su competencia, como podrían ser, por ejemplo, los de cohecho, tráfico de influencias a través de sobornos o malversación de fondos públicos. Por ello, los dos casos regresan a los Juzgados de Eivissa donde proseguirá su instrucción por presuntos delitos contra el medio ambiente, «sin perjuicio», según dice Carrau en el escrito remitido a la Fiscalía de Eivissa, «de lo que pueda pasar tras el avance de la instrucción».

La investigación de la urbanización de los acantilados de es Cubells y la mansión de Cretu en lo alto de una cima en Santa Agnès se remonta a 1996 y 1997, respectivamente, tras sendas denuncias del grupo ecologista GEN.

El Gobierno impulsó meses atrás la creación de delegaciones de la Fiscalía Anticorrupción en Balears y otros puntos del país como Málaga, Alicante o Canarias para luchar eminentemente contra el crimen organizado, los casos de corrupción de políticos y las tramas delictivas ubicadas en zonas específicas donde se ha detectado la posible conexión de la actividad de grupos mafiosos con la construcción de grandes complejos urbanísticos. Antes de ser designado el primer fiscal anticorrupción de Balears, Carrau fue el comisionado de la Fiscalía Anticorrupción para las causas contra la ex alcaldesa de Calvià, Margarita Nájera, así como en el caso del Túnel de Sóller.