El Govern aprobó ayer el anteproyecto de ley de puertos deportivos,
que permitirá la construcción y ampliación de instalaciones
náuticas en Balears y anulará la moratoria aprobada en noviembre
del año 2002. La consellera de Obres Públiques, Mabel Cabrer,
presentó las líneas básicas del anteproyecto de ley, que establece
que la ampliación o construcción de nuevos puertos requerirá un
informe de los consells respectivos y de los ayuntamientos
implicados. Sin embargo, estos informes no serán determinantes y la
última palabra la tendrá el Govern, que podrá denegar los nuevos
proyectos por «razones de oportunidad».
Cabrer admitió que existían propuestas en Obres Públiques para
construir nuevos puertos, reconoció la importancia del sector
náutico para el turismo balear y recalcó que hay muchas personas
-más de 3.000- que esperan conseguir un amarre en puertos
gestionados por la Comunitat Autónoma, pero insistió en que las
peculiaridades territoriales de Balears condicionaban la
construcción de nuevos puertos. «Hay que buscar el consenso»,
prometió Cabrer.
Este anteproyecto de ley, aprobado ayer por el Govern balear,
afectará a los 8.500 amarres gestionados por empresas
concesionarias y a las 2.500 plazas de los puertos que controla
directamente el Govern. Desde el Ejecutivo indicaron ayer a este
periódico que no hay ninguna intención de aprobar la construcción
de nuevos puertos, pero sí voluntad de ampliar las instalaciones
náuticas más saturadas.
El anteproyecto aprobado ayer por el Consell de Govern prevé la
creación de un nuevo ente autónomo, «Ports de les Illes Balears»,
que contará con un órgano de gobierno y un consejo asesor. El
anteproyecto de ley fija los servicios que deben prestar los
puertos de Balears y regula las autorizaciones, concesiones y los
puestos de amarre en las instalaciones de gestión directa o
indirecta.
La consellera de Obres Públiques explicó que la concesión de un
amarre en un puerto gestionado por la Comunitat Autònoma se
mantendrá igual que ahora, pero vaticinó que se producirá un
importante movimiento en las listas de espera. En algunos puertos
de las Balears hay peticiones de amarres que no han podido
asignarse desde el año 1986.
El anteproyecto de ley también regula las concesiones de los
puertos de gestión indirecta. El Govern determina que las
concesiones se otorgarán por un máximo de 30 años y, cumplido este
plazo, la empresas beneficiarias tendrá derecho a igualar la mejor
oferta que se presenten para la gestión de los puertos.
El Govern creará la figura del registro general de usuarios de
amarres de puertos en concesión para controlar la compra-venta de
plazas. El Ejecutivo quiere evitar con la creación del registro
general el fraude en estas operaciones de venta y adquisición de
amarres en los puertos.
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