Los apartamentos Pimar, en Port d'es Torrent, han vuelto a convertirse en objeto de las quejas de los vecinos de la zona, que han denunciado una vez más las molestias que generan las viviendas ilegales de este complejo residencial, que continúan habitadas, según aseguraron a este periódico. En concreto, las quejas de los residentes se centran en los ruidos y malos olores que provoca el grupo generador que ha decidido instalar la propiedad de los apartamentos, que el año pasado fueron precintados y privados de suministro eléctrico por el Ayuntamiento de Sant Josep. La abogada de los vecinos afectados, Isabel Monforte, presentó el pasado 18 de junio una denuncia ante el Consistorio en la que solicitaba que se precintara o retirara el generador pero hasta ahora la administración municipal no ha atendido a esta petición.

Monforte criticó la actitud permisiva del Ayuntamiento. «Ha dejado que los apartamentos se volvieran a ocupar y que se instalara un generador y dejó que se caducase el expediente sancionador» que se abrió en octubre de 2002 y que se cerró en el mismo mes de 2003 en el que se ordenaba la demolición de los 17 apartamentos ilegales de Pimar y se imponía una sanción de 180.000 euros a los promotores de estos locales», explicó. Monforte añadió que «ahora la administración municipal ha abierto otro expediente de disciplina urbanística pero también es muy probable que lo deje caducar».

El pasado marzo la propiedad de los apartamentos Pimar retiró sin autorización el precinto puesto por los agentes de la Policía Local en octubre de 2003, lo que obligó al Ayuntamiento a interponer una denuncia ante los Juzgados por desacato a la autoridad. Los vecinos habían denunciado los hechos ante el Consistorio dos semanas antes. La abogada de los vecinos señaló que la corporación no volvió a precintar los locales y que se limitó a poner una denuncia penal «que no tendrá ninguna efectividad».

El Consistorio precintó el año pasado este complejo, que se estaba utilizando como apartamentos sin ningún tipo de autorización, para evitar el peligro y las molestias que provocaban a los vecinos, que se quejaban de que estas instalaciones se habían convertido en un entorno degradado que podía poner en peligro su seguridad personal.