El Consistorio ha propuesto a los propietarios de las unidades
de actuación 12 y 8 (otros 36.000 metros cuadrados de terreno
frente a la Estación Marítima), que hasta la revisión del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) estaban calificadas como
urbanas para uso residencial, trasladar sus proyectos urbanísticos
a la zona de la plaza de toros y la calle Diputado José Ribas (U.A.
13) e incluso a la franja verde situada tras el primer cinturón de
ronda, justo enfrente de ses Feixes. «Obviamente no tienen el mismo
valor», apunta Molins.
Ni los propietarios de unos y otros terrenos están dispuestos a
ceder, según Molins, que recuerda que, en el caso de la U.A. 12, el
alcalde de Eivissa, Xico Tarrés, firmó en 2001 ante notario la
escritura de la nueva parcelación de la zona, lo que obligó a
desembolsar a favor del Consistorio 100 millones de las antiguas
pesetas aproximadamente. El Ayuntamiento, según cuenta Molins,
archivó el proyecto de urbanización presentado después, lo que
forzó a la propiedad a interponer un contencioso administrativo que
aún está pendiente de resolución. También está en curso otro
contencioso en contra del Consell por la declaración de la zona
como Bien de Interés Cultural (BIC).
El doctor Francisco Vilàs, de la Policlínica Nuestra Señora del
Rosario, que es uno de los propietarios de la U.A. 12, se pregunta
«qué ha hecho el Ayuntamiento con el dinero». «No se nos ha
planteado su devolución. Me parece muy bien que quieran hacer el
parque, pero que lo paguen», subraya Vilàs. En este sentido, Molins
recuerda que llevan muchos años pagando la contribución propia de
un suelo urbano, y no rústico como contempla el nuevo PGOU. Por
ello, Molins entiende que el Consistorio, si no es capaz de hallar
una solución que no lesione los intereses de los afectados, debe
acudir a la vía de la expropiación, con las correspondientes
indemnizaciones. Molins calcula que, con la tasación de suelo
actual, sólo los terrenos de la U.A. 12 podrían costar a las arcas
municipales 3.000 millones de las antiguas pesetas, factura a la
que no puede hacer frente el Ayuntamiento sin los fondos de la
extinta ecotasa.
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