C.Agustín19/05/03 0:00
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El Consell d'Eivissa i Formentera firmará esta semana un convenio con la Fundación Aldaba para garantizar la efectividad de las tutelas de las personas incapacitadas judicialmente que se encuentran en situación de desamparo ya que no disponen de personas o familiares que cubran las necesidades de atención y defensa de sus intereses con garantía. De este modo, el Consell pondrá en marcha un servicio de intervención denominado Programa Institucional de Acción Tutelar de Personas Adultas de Eivissa y Formentera con lo que se permitirá poner a disposición de los afectados los recursos necesarios para su adecuada y completa protección jurídica y social. Este programa de actuaciones será gestionado por la Fundación Aldaba, una entidad sin ánimo de lucro, de carácter tutelar, especializada en el desarrollo de este tipo de programas en el ámbito de la comunidad balear.

La puesta en marcha de esta fundación tutelar responde a unas necesidades planteadas por algunos colectivos, como el caso de los enfermos mentales o los discapacitados. Los familiares de enfermos mentales plantearon esta necesidad a la institución insular debido a la situación de desprotección de los enfermos. Este programa tiene entre sus objetivos facilitar las referencias técnicas y orientación especializada, jurídica y social a los profesionales de servicios sociales y de atención sanitaria para la detección y protección de personas susceptibles de incapacitación, en situación de necesidad o en riesgo por la falta de atención adecuada. Además, asumirá las defensas judiciales de las personas incapacitadas cuando lo determine el juez, aceptará todas aquellas responsabilidades que sean asignadas por los jueces en beneficio de los incapacitados y asumirá, entre otras actuaciones, las funciones tutelares de tutor cuando lo acuerde la autoridad judicial competente.

El coste anual del programa será de 56.949'50 euros. El Consell facilitará, además, un local de atención al público en la ciudad de Eivissa. La Fundación asumirá todas las tutelas que les sean asignadas por decisión judicial de las personas en situación de desamparo.