El Ayuntamiento de Santa Eulària entiende que la Norma Territorial
Cautelar, aprobada por el Consell Insular el pasado 23 de julio de
modificación de la anterior, es «ilegal» ya que la Ley de
Ordenación del Territorio (LOT) establece la aplicación de tan sólo
una moratoria. El equipo de gobierno mantiene que ya se han
aprobado tres (una el Govern y dos el Consell Insular). Por ello,
ayer aprobó en pleno extraordinario, con el voto en contra de la
oposición, presentar ante el Consell Insular siete alegaciones en
contra de dicha norma, solicitar que no se apruebe definitivamente
y, además, el levantamiento de la suspensión en la concesión de
licencias.
El Pacte, por su parte, rechazó de lleno la batería de
alegaciones propuestas por el equipo de gobierno salvo una de
ellas. Los progresistas, al igual que el PP, consideran que la
nueva moratoria no debería prohibir la concesión de licencias de
obra en los llamados 'falsos urbanos' (Cala Pada o es Canar, por
ejemplo) siempre y cuando sean para acometer obras de reforma y
mejora de la seguridad de los edificios ya consolidados, no así su
ampliación. El Pacte presentó ante el plenario una alegación para
que se corrija este apartado de la renovada moratoria.
Este mismo punto ha creado al equipo de gobierno un mar de
dudas. «Se trata de zonas plenamente desarrolladas y no sabemos qué
ocurrirá con las obras precisas de seguridad, higiene y salubridad
en las edificaciones ya existentes», cuestionó, entre otras muchas
cosas, el teniente de alcalde, Vicent Riera. Asimismo, el equipo de
gobierno alega en contra de la moratoria que se «crean
inmotivadamente, al margen de la vía legalmente establecida, nuevas
áreas de protección [Anei y Arip]» en suelo rústico y se modifican
las superficies mínimas para la edificación residencial unifamiliar
en los suelos declarados Arip a través de «un instrumento
inadecuado para ello».
El Pacte, por su parte, defiende esta parte del articulado, ya
que sirve para proteger de forma transitoria el territorio,
limitando las posibilidades de construcción hasta la aprobación
definitiva del PTI, que será el instrumento válido para ordenar el
urbanismo en la isla. El Ayuntamiento entiende que el Consell
Insular infringe la ley al aprobar una nueva moratoria (la
segunda), en contra de lo que dice la LOT. El Pacte tacha de falso
este argumento ya que, según su portavoz, Carlos Salinas, no se
trata de una nueva norma, sino de «la modificación de la anterior».
«La ley prevé que se pueda modificar durante la tramitación del PTI
y, además, está suficientemente justificada», indicó después de
remarcar que el informe jurídico del Ayuntamiento no está firmado
por nadie. «No sabemos quién lo ha hecho», apuntó también la edil
del Grupo Mixto, Estela Bence. «Lo firma el equipo de gobierno»,
corrigió al instante el alcalde, Vicent Guasch.
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