JOSÉ MIGUEL ROMERO03/09/02 0:00
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La representación de Vicente Marí, aparejador de Santa Eulària, y del letrado de ese municipio, José María Roig Vich, ha solicitado a la jueza del juzgado de instrucción y primera instancia número 4 de Eivissa que anule parte de las actuaciones llevadas a cabo en el caso ses Torres, entre ellas varias diligencias informativas y las declaraciones en calidad de imputados del alcalde de Santa Eulària, Vicent Guasch, y del secretario de la Corporación, por considerar que no se acordaron mediante un auto, sino de manera improcedente en el mismo acto en que fueron solicitadas por el abogado de la acusación popular, Ignasi Ribas. La suplente del juzgado número 4 ratificó y justificó mediante un auto posterior esa decisión. Asimismo, han planteado un «caso de perjudicialidad administrativa» para que la vía penal sea paralizada hasta que se solvente la administrativa, iniciada por el Consell contra la reparcelación de ses Torres, no por su urbanización, que es lo que planteó Esquerra Unida (EU).

EU denunció este caso ante la Fiscalía por entender que 13 ediles populares, entre ellos el alcalde, y varios técnicos del Consistorio de Santa Eulària votaron e informaron favorablemente el proyecto de urbanización de ses Torres «a sabiendas» de que afectaba a suelo rústico.

La empresa Lloma Talamanca también ha presentado un recurso para que se levante el precinto y la suspensión, para lo cual alega que dispone de todos los permisos, concedidos por el Ayuntamiento. Asimismo, deberá prestar declaración en calidad de testigo el diputado progresista Miquel Ramon, que cursó la denuncia de ses Torres. Ramon deberá «aclarar» la fuente por la que tuvo conocimiento de este asunto.