La directora insular de la Administración del Estado, Marienna
Sánchez-Jáuregui, trató ayer con el conseller de Turisme, Josep
Marí Ribas, la escalada de delitos que se ha detectado en las
Pitiüses durante julio y agosto, principalemente. Sin querer dar la
impresión de alarma social, el conseller reconoció haber recibido
denuncias directas, entre ellas «una carta de un touroperador»
quejándose por el incremento de robos y otros delitos como
agresiones en Eivissa y que, por otra parte, la oficina de turismo
está recogiendo protestas de turistas por los mismos motivos.
La directora insular confirmó, por su parte, que el incremento
de delitos se debe al aumento de población (de 80.000 a 103.000
habitantes en un año) con un cierto descontrol, lo que ha provocado
la entrada de un sector de inmigrantes de países como Rumanía,
Argelia y Marruecos que, lejos de regularizar su situación
incorporándose al mercado de trabajo, «se dedican a negocios de
dinero fácil». En el caso de los rumanos se da la circunstancia de
que visitan la isla donde se dedican a robar durante tres meses y
luego se van a otras zonas.
A pesar de «los datos objetivos», la directora insular quiso
dejar claro que no le gusta «que se vincule delincuencia con
inmigración» porque «hay muchísimos inmigrantes que son buena
gente, que se integran y que son necesarios». Otros, en cambio, se
aprovechan de la aglomeración del verano «para cometer delitos
contra la propiedad». Es más fácil encontrar delincuencia entre la
inmigración sin papeles, matizó, «que son captados por mafias o
caen en los robos para sobrevivir».
Marienna Sánchez-Jáuregui confía en que medidas como los juicios
rápidos unidos a la revisión de la Ley de Extranjería anunciada por
Mariano Rajoy antes de que finalice el año contribuyan a frenar una
situación que, hasta ahora, sigue una secuencia de escalada. De
todos modos, la directora recordó que los efectivos de cuerpos y
fuerzas de seguridad del Estado en Eivissa, lejos de descuidar sus
tareas, «están trabajando más que nunca» y que, prueba de ello, es
que el número de detenidos «se ha multiplicado por tres este año»
en relación a la temporada alta de 2001.
La preocupación por el tema es creciente y la dirección insular
lo sabe por lo que ha organizado otro encuentro para tratar el
problema con la Federación Empresarial Hotelera el próximo martes.
El día siguiente Marienna Sánchez-Jáuregui asistía a la reunión de
la Mesa del Turismo. Uno de los temas que no faltará en estas
reuniones en la petición de incremento de efectivos de seguridad en
función de la población flotante y no de la residente.
Juzgados y Fiscalía, saturados hasta el punto de aparcar
temas urbanísticos
Fuentes de Fiscalía y Juzgados de Eivissa han confirmado que se
encuentran totalmente «saturados» de trabajo por la avalancha de
detenciones y procesos abiertos en relación a delitos cometidos
este verano, en su mayoría agresiones y robos. El trabajo es tal
que el ambiente que se respira en estas dependencias es de agobio,
hasta el punto de haber tenido que «aparcar momentáneamente» otros
expedientes abiertos en relación con temas urbanísticos. A pesar de
esta realidad, el conseller de Turisme, Josep Marí Ribas, señaló
ayer que la isla se encuentra en los márgenes «normales» de los
delitos que pueden cometerse en una zona con una cierta
aglomeración y en la que la gente «está más relajada y
despreocupada», lo que hace que descuiden a veces sus pertenencias.
El conseller apuntó que es preciso frenar la delincuencia y, sobre
todo, «impedir que vaya en aumento», porque hecho así van en
detrimento «de la imagen turística» de Eivissa. Con respecto a la
petición de la Pimeef, que se pronunció favorable a la combinación
de un sistema de seguridad privada con el público, Marí Ribas se
mostró contrario ya que «como militante socialista» considera que
«son las fuerzas públicas de seguridad del Estado» las que deben
ocuparse del control.
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