El Consell y el Ayuntamiento precintan parcialmente Las Dunas Playa

Por su parte, los representantes legales de la propiedad presentaron denuncia ante la Guardia Civil, que estaba presente en el precinto, por allanamiento de morada, falsedad en documento público y por «sacrificar el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar» de los moradores de los cinco apartamentos precintados. Los abogados de la propiedad, Jaime Pellicer y Eduardo Valdivia, han señalado que el Consell notificó en su momento el acuerdo de paralización de las actividades pero no la ejecución del mismo; paralelamente, inciden en que el Ayuntamiento de Formentera notificó el decreto pero no la voluntad ni la fecha de ejecución del precinto, como debe hacerse según la forma legalmente preceptiva.

La denuncia se ha hecho contra Abel Guasch Ros por allanamiento de morada, de acuerdo con los artículos 203 y 204 del Código Penal, porque tras presentarse como celador de Litoral y habiéndosele requerido «para que acreditara con carácter previo a su irrupción en el establecimiento que justificara documentalmente el carácter y el acto administrativo por el que estaba autorizado a dicha entrada» -indica la denuncia-, manifestó no poseer documento alguno, pese a lo cual entró en el local y permaneció en él mientras se llevaba a cabo el precinto.

Antonia Riera Costa, inspectora de Turisme de la Conselleria, Juan Manuel Gil Gómez, letrado del Consell, y Francisco Funes Alcaraz, ingeniero industrial de Turisme, han sido denunciados por falsedad en documento público, ya que «faltando a sabiendas a la verdad en la narración de los hechos», a la hora de levantar el acta del precinto manifestaron de forma «mendaz» haberse entendido con la propietaria cuando fue con los letrados que presentaron el poder para actuar como representantes. Las cuatro personas también son denunciadas por un delito del artículo 204 del Código Penal por haber irrumpido en cinco apartamentos ocupados por clientes pese a haber sido advertidos «de la expresa negativa de sus moradores» a que entraran, según documentos firmados por los mismos y presentados a los funcionarios.

Precinto por un expediente archivado y tras pago de la multa
El letrado Jaume Pellicer explicó a este rotativo que el origen de esta actuación se remonta a 1998, época en que los actuales propietarios adquirieron el establecimiento. En su momento trasladaron la anterior cafetería al lugar actual, que estaba ocupado por unos apartamentos, y de la antigua cafetería se volvieron a hacer apartamentos, con lo que, señalan los letrados, se perdieron plazas en aras de ofrecer un mejor servicio. Tal y como reconoce el abogado de la propiedad, el cambio de ubicación de la cafetería y la reforma que ello comportaba se realizó sin la pertinente licencia municipal. En ese momento el Consistorio abrió un expediente de disciplina urbanística que culminó con una multa de 550.000 pesetas, que fueron abonadas por los propietarios de Las Dunas Playa; a continuación el anterior alcalde, Vicent Escandell, firmó el archivo del expediente al haber terminado el procedimiento con el pago de la multa. Según Pellicer, el actual proceso, expediente y precinto es la repetición de un procedimiento que ya está finalizado y que por tanto no tiene razón de ser. Pellicer señaló que el pasado sábado presentó en el Consell un escrito solicitando la suspensión de la ejecución del precinto. El lunes, el conseller de Turisme le dijo desconocer la existencia de ese escrito.