Se trata de las primera media docena de licencias que llegan al
Consell después de que hace 10 meses el Consistorio congelara el
Plan de Delimitación del Suelo Urbano (PDSU) por temor a que, como
se sugiere en los fundamentos de derecho de una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia del año 1997, sea nulo de pleno
derecho. La suspensión de licencias coincidió con el momento en que
Esquerra Unida (EU) denunció ante la Fiscalía la urbanización de
ses Torres, que se levanta amparada en la calificación de esos
suelos como urbanos en el PDSU.
Transcurrido un tiempo y ante el silencio administrativo de la
Corporación de Santa Eulària, los particulares y empresas
interesadas en construir exigieron que se les debía otorgar las
licencias, pero el Ayuntamiento les remitió a la Comisión Insular
de Urbanismo (CIU), que el lunes estudiará las primeras licencias
de mora de ese tipo.
Lo que haga la CIU el lunes será crucial para el futuro de Santa
Eulària y de su planeamiento. Si otorga los permisos, dará la razón
al Consistorio sobre la viabilidad del PDSU. El caso contrario
daría pie a que los afectados pudieran interponer demandas
multimillonarias por los perjuicios causados al no otorgárseles las
licencias aun contando con todos los requisitos que exige el
planeamiento de ese municipio. Rebotando al Consell esas primeras
licencias, a las que próximamente seguirán muchas más, el
Ayuntamiento, a cuyo frente se encuentra el popular Vicent Guasch,
deja en manos de la institución insular, que gobierna el Pacte
Progressista, parte de la responsabilidad sobre si es aplicable o
no el PDSU.
Recientemente, el portavoz del Pacte de Santa Eulària, Carlos
Salinas, calculó en 20 ó 30 las peticiones de declaración de
silencio administrativo que se habían acumulado en los últimos
meses, así como en medio millar el número de licencias que el
Ayuntamiento de Santa Eulària se ha negado a conceder desde que
decidió suspender virtualmente el PDSU. En relación al PDSU, el
alcalde Vicent Guasch declarará mañana en calidad de imputado ante
la jueza Carmen Robles por el caso de la urbanización de ses
Torres. También declarará como imputado el secretario accidental,
Enrique Barreda Peris.
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