El juzgado de primera instancia e instrucción nº 3 de Eivissa
prosigue las diligencias encaminadas a discernir si en junio de
2001 existió un delito contra la flora y la fauna por parte de las
avionetas que prestaron apoyo aéreo a la flota atunera cuando ésta
es una práctica prohibida por la UE.
La fiscalía ha pedido que se tome declaración a nueve personas
como imputadas. Se trata de un súbdito español y los ochos
restantes son de nacionalidad francesa unos y de origen magrebí,
presumiblemente argelinos, otros, teoría esta reforzada por el
hecho de que los actuales vuelos ilegales se realizan desde el
aeropuerto de Orán. El magistrado que instruye el caso cursará en
breve una comisión rogativa a fin de recabar las declaraciones de
los imputados.
Desde el juzgado se ofreció la posibilidad de emprender acciones
a los posibles perjudicados pero según ha podido saber este
rotativo, la Federación de Cofradías de Alicante, que había
denunciado los hechos ante el Ministerio de Pesca, renunció a dicha
posibilidad y la Cofradía de Pescadores de Formentera no se personó
en el caso.
Estas diligencias que lleva a cabo el juzgado nº 3 de Eivissa
son consecuencia del escrito de la delegación en Eivissa de la
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Balears que remitió a
los juzgados el expediente y diligencias incoadas de oficio el 13
de julio de 2001 por un posible delito contra la flora y la fauna
«con motivo de la aparición en los medios de comunicación locales,
de diversas noticias sobre la pesca con avionetas de atún rojo en
aguas próximas a las islas Ibiza-Formentera, pese a la prohibición
legal, tanto a nivel comunitario como a nivel nacional», señalaba
en su escrito Manuel Campoy. El fiscal hacía hincapié en que la UE
«ha prohibido el uso de aviones o helicópteros como ayuda en la
pesquería del atún rojo en el Mar Mediterráneo entre el 1 y el 30
de junio».
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