EUGENIO RODRÍGUEZ13/06/02 0:00
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EUGENIO RODRIGUEZ
Tarrés dice basta. El alcalde de Evissa dió ayer un fuerte golpe sobre la mesa para salir en defensa de la gestión de su equipo de gobierno en torno a la crisis que ha provocado la concesión de una licencia para construir un bloque de 39 apartamentos de lujo en Puig d'es Molins, en primera línea de mar, en una zona calificada histórico-artística. «Ya nos hemos cansado de oír tantas tonterías. Todo tiene un límite. En política hay muchas cosas válidas, pero no la mentira», dijo en relación a las acusaciones vertidas apenas 24 horas antes por el Grupo Municipal del PP.

El primer edil recordó una vez más que el PP (entonces el alcalde era Enrique Fajarnés) tuvo en sus manos en 1998 la posibilidad de echar por tierra el controvertido proyecto de Puig d'en Molins puesto que la licencia concedida en 1990 había caducado. «Después nosotros no podíamos hacer nada. Este equipo de gobierno ha seguido los cauces estrictamente legales», subrayó Tarrés. Eso sí, el alcalde reconoció que podían haber negociado para evitarlo. Tarrés también aseguró que él mismo firmó la cesión de terrenos de la Junta de Compensación. «El PP ni lo había hecho. Todo lo que firma el alcalde está avalado por los servicios técnicos. Ni siquiera vi lo que firmaba. Soy maestro, no catedrático en jurisprudencia. Yo sigo todo lo que me indican los técnicos, que es estrictamente legal», justificó Tarrés, que rehuye valorar cuánto puede costar una indemnización para abortar los planes de la promotora: «Indemnizando se puede suspender cualquier licencia, pero estamos estudiando otras alternativas. El PP habla de 1.500 millones de pesetas en base a lo que ha oído por la calle. Hay que ser más serios».

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Joan Bonet, desmintió una a una las acusaciones de la oposición y algunos de los rumores que circulan sobre el controvertido proyecto urbanístico:

· Modificación del proyecto base. Bonet mostró el plano del proyecto de 1990, que contemplaba una planta más (14) que el actual. «Se ha acusado falsamente a este Ayuntamiento de permitir el incremento de la edificabilidad que establecía el proyecto base de 1990», explicó.

· Se impide al PP que acceda al expediente. Tarrés reconoció que el Ayuntamiento ha negado al PP el acceso al expediente del proyecto. «La ley dice bien claro que mientras se está trabajando con él, nadie lo puede ver. Son oposición [el PP], les guste o no», advirtió el alcalde.

· Amenazas a los funcionarios. El edil de Urbanismo desmintió tajantemente que se haya amenazado a ningún funcionario del Ayuntamiento para que no dé información a la oposición sobre este espinoso asunto. «Sería un delito», apunta Bonet.