Balears y las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE
anunciaron ayer que se plantean devolver las competencias que han
asumido en materia de políticas activas de empleo si el Gobierno
central no introduce «modificaciones suficientes» en el proyecto de
Ley Básica de Empleo y el texto ve la luz con su redacción actual.
Ese anuncio fue hecho al término de la Conferencia Sectorial de
Empleo que reunió a representantes del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales y de todas las comunidades autónomas por el
conseller de Treball i Formació, Eberhard Grosske. Todas las
comunidades socialistas indicaron que se está «rompiendo el diálogo
con las comunidades autónomas» y destacaron el rechazo, desde el
Ministerio, a todas sus propuestas, como la creación de una
comisión de trabajo y la negociación paralela con los agentes
sociales sobre la Ley de Empleo.
«La reunión de hoy es una ratificación de que esta Conferencia
Sectorial no es un punto de diálogo y negociación», dijo Grosske y
añadió que «hemos podido comprobar que este Gobierno tiene el grifo
cerrado a la negociación con las comunidades autónomas y tiene el
grifo cerrado a la negociación con los agentes sociales. Es un
Gobierno que funciona de manera autista», apostilló.
Los representantes de Balears y las comunidades autónomas que
están gobernadas por el PSOE y el País Vasco denunciaron ayer que
el Gobierno central pretende, con el decreto de la reforma de las
prestaciones por desempleo y la Ley de Empleo, convertir a las
Administraciones autonómicas en «meros ejecutores de políticas
coercitivas» contra los parados y están estudiando recurrir a los
tribunales esas normas.
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