Costa critica la excusa del PP para no asistir a la Mesa del Turismo

A la presidenta le preocupa que el PP crea que la reforma no es motivo para convocar una mesa

LAURA FERRER ARAMBARRI08/06/02 0:00

Las ausencias marcaron la reunión de la Mesa del Turismo de Eivissa y Formentera que se celebró ayer en el Consell para hacer una valoración de la reforma laboral y sus posibles efectos sobre la economía pitiusa. La reunión se celebró sin la Pime de Formentera, a la que le fue imposible asistir; sin la Federación Empresarial Hotelera, que «argumentó que tenía su asamblea», explicó Pilar Costa; sin la Asociación de Establecimientos Turísticos de la Bahía de Sant Antoni y sin el Partido Popular.

La presidenta se pronunció sobre la ausencia de estos últimos, asegurando que le preocupa mucho que «al PP no le parezca suficientemente importante para convocar esta mesa una reforma laboral que puede afectar seriamente a la economía de estas islas». Costa añadió que el hecho de que «un partido con el apoyo social que tiene el PP tenga esta actitud es muy negativo para todos». A la presidenta le parece «una excusa muy pobre» y de «mal pagador» decir que la reforma laboral no es un asunto relevante.

Al margen de polémicas, durante la reunión se informó a los presentes de los acuerdos plenarios del Consell para pedir la retirada del decreto ley de reforma de las prestaciones por desempleo del Gobierno central y para desarrollar el Régimen Especial de Balears en lo que hace referencia a una especial protección de la figura del fijo discontinuo. «Si es cierto que la reforma no afecta a los fijos discontinuos no se entiende porque no se recoge así de claro en la ley», señaló Pilar Costa.

Los sindicatos presentes y las patronales expusieron sus posturas, contrarias en el primer caso y a favor, en le segundo, de la reforma. El asunto de la mesa «no era llegar a un acuerdo», aclaró Costa, sino «que cada uno expusiera su punto de vista porque esta mesa es un foro debate». Con respecto a la huelga del 20 de junio se trató el tema del cumplimiento de los servicios mínimos. El Consell cree que la huelga «es un derecho constitucional» y respeta la decisión de los sindicatos.