Los consistorios pitiusos también incumplen la ley de seguridad laboral

El trabajo de campo elaborado por el técnico superior en riesgos laborales de la FSP-UGT, Jaume Bergas, revela que únicamente el Consell Insular cumple (sólo en parte) con la Ley de prevención. Además, demuestra que en el conjunto del archipiélago Eivissa y Formentera son las islas que menos cumplen la ley. Para intentar acabar con esta situación, los portavoces del Institut de Salut Laboral se reunieron ayer con representantes los municipios de las Pitiüses. En el encuentro se informó sobre la necesidad de cambiar «una situación anómala», orientándoles sobre cómo poner en marcha los mecanismos precisos.

«Hasta el día de hoy la administración no ha sido un ejemplo a seguir en cuanto a la implantación de modelos de prevención», constató Niño. Así, aunque en las administraciones no son frecuentes los accidentes laborales, sí están en aumento las patologías derivadas del estrés «que ya suponen el 18 por ciento del total de bajas». También aumenta el llamado acoso moral en el trabajo y los problemas osteomusculares, como los dolores de espalda, que no suelen salir a la luz porque no se relacionan con el puesto del trabajo.

«Las bajas por sobreesfuerzos y por estrés han aumentado notablemente sobre el porcentaje total», aunque la siniestralidad en general ha bajado desde 2000, según destacó Àngeles Niño. La causa de la bajada es, según el Institut, un programa de prevención de riesgos laborales que se ha implantado desde la Conselleria de Treball. Además, van a continuar las inspecciones intensivas a empresas con una alta siniestralidad laboral. «Promover desde la conselleria la aplicación de políticas en materia de salud laboral, a partir de un modelo de gestión que de respuesta a una mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos», según Niño, es el objetivo fundamental de las jornadas que se desarrollaron ayer y en las que se presentó un diagnóstico global de la situación en seguridad laboral de las administraciones públicas del Estado, ayuntamientos y de consellerias y organismos autónomos.