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J. M. R. El enfrentamiento entre progresistas y populares en el Consell alcanza todas las esferas imaginables, hasta la del prosaico mundo de las fotocopiadoras. El acceso a esos aparatos se ha convertido ahora en otro campo de batalla entre esas formaciones: el PP quiere (foto) copia de todos y cada uno de los decretos de Presidència, mientras que el equipo de Gobierno advierte de que hacerlas de «todos» podría colapsar la institución, por lo que conmina a los consellers populares a que «escojan» aquellos que realmente consideren estrictamente necesarios para desarrollar su labor de oposición.

La situación cabrea a los seis consellers del PP, que ya hicieron una mención al respecto en el pasado pleno. La presidenta del Consell, Pilar Costa, recordó entonces la «imposibilidad» de fotocopiar los cientos de legajos de decretos y resoluciones que pasan por Presidència. Un portavoz de la Corporación recalcó ayer que lo que piden los populares «bloquearía» la institución: «Quizás es lo que quieren; no se puede tener a cuatro personas haciendo sólo fotocopias para ellos», añadió.

En reiteradas ocasiones -la última el pasado 28 de mayo, un día después del pleno- el equipo de Gobierno ha conminado al grupo del PP a consultar los decretos en la Secretaría cuando así lo deseen sus miembros: «Pueden ir allí, ver los decretos y hacer copias de los que en concreto les interese». Desde el PP señalan que el propósito no es desviar a varios funcionarios para que durante todo el día hagan fotocopias: «Las haremos nosotros mismos», recalcan. Les basta con que les dejen hacerlas.

El conseller popular Pere Palau recordó ayer durante el habitual desayuno de cada viernes con la prensa que en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Administraciones Públicas se indica, en su artículo 16, que sus miembros, en este caso los consellers, pueden disponer de cuantas copias quieran. En el Consell no les niegan el acceso ni la facultad de hacerlas, pero sí les ruegan moderación, que, dicen, no la tuvieron cuando recientemente solicitaron copias de todos los decretos de Presidència firmados desde el uno de enero hasta el 27 de mayo, es decir, de cientos de legajos.