La Plataforma Pro Protección des Puig des Molins, formada por
vecinos de la zona, se llevó una sorpresa mayúscula cuando la
Comisión Insular de Patrimonio les informó el pasado día 17 que,
vistos los informes técnicos y jurídicos, había aprobado por
mayoría modificar a la baja el área de protección del Molí d'en
Toni Joan, situado en la calle Rafael Albertí, que data del siglo
XVIII y está catalogado como un Bien de Interés Cultural (BIC).
Así, el entorno de protección de esta joya del patrimonio
insular ha pasado de 25 a 13'5 metros, lo cual permite a la
promotora Blauvert S.L acometer sin modificar nada la construcción
de un bloque de 39 apartamentos de lujo, con 75 plazas de
aparcamiento, en primera línea de mar. Asimismo, la Comisión
Insular de Patrimonio, según dice la comunicación remitida a los
vecinos, «revoca el acuerdo adoptado por la Comisión en fecha 11 de
enero de 2002 sobre la construcción del edificio promovido por
Promociones Urbanas Blauvert S.L, ya que ésta queda fuera del
ámbito de protección del molino».
La plataforma también denuncia que el Ayuntamiento de Eivissa
renovó el año pasado la licencia solicitada inicialmente en 1990
con un proyecto modificado por otro arquitecto. «Creemos que se
tendría que estudiar más a fondo y, sobre todo, no entendemos por
qué el Ayuntamiento no da otro trato a una zona histórico-artística
con sobrados valores arqueológicos», subraya María Tur, miembro de
la plataforma.
La consellera de Cultura del Consell Insular, Fanny Tur,
sostiene que la reducción del área de protección, basada en
criterios técnicos, no significa nada ya que el proyecto
urbanístico tiene que pasar aún por la Comisión Insular de
Patrimonio. «Estamos a la espera de que el Ayuntamiento nos remita
el proyecto para estudiarlo. Si mañana la promotora empieza a
construir, ordenaremos la paralización inmediata. A título
personal, pienso que este edificio es un desastre ya que tapa los
molinos y afecta visualmente a la zona», explica Tur.
Por su parte, el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Eivissa,
Joan Boned, subraya que la solicitud de la promotora para construir
es a todas luces legal: «Según la ley teníamos la obligación de
tramitar la solicitud. Los informes jurídicos dicen que la
tramitación es correcta. En este ayuntamiento no se da una licencia
sin el informe positivo de los servicios técnicos y jurídicos.
Políticamente podríamos hacerlo, pero nunca daremos licencias en
contra de lo que se valore en los informes», justifica. Boned
reconoce que el proyecto inicial fue modificado: «La licencia se
intentó conseguir en 1990 y volvió a presentarse en 1998 con alguna
modificación pero con el mismo presupuesto. La modificación se hizo
con unas condiciones y se ha seguido la tramitación
escrupulosamente».
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