Redacción Local01/05/02 0:00
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El Tribunal Constitucional considera en la sentencia que la declaración de ses Salines como Reserva Natural correspondía a la Comunitat Autònoma, no al Estado, sin que «pueda oponerse nada en contrario por el hecho de que dicho espacio se localice en todo o en parte en el dominio público marítimo-terrestre», ya que la declaración «corresponde a la comunidad en cuyo territorio se sitúa la zona protegida». El Tribunal declara inconstitucional el artículo uno de la ley, que establece el objeto y la calificación de Reserva Natural, así como el resto del articulado, que prevén los órganos de gobierno, su régimen jurídico, financiero o sancionador, al ser «una consecuencia directa e inmediata de la declaración y delimitación» de la Reserva y «mantienen con ella una conexión directa e inmediata».

Una vez que determina la titularidad de la competencia controvertida, advierte de que la sentencia debe evitar «posibles perjuicios», como pudiera ser la desprotección medioambiental de la zona, lo que ha ocurrido en otros espacios con otras sentencias similares cuando la comunidad no ha legislado, como fue el caso de Santoña, en Santander. Pero también precisa que en este caso Balears ya adoptó «medidas de protección ambiental» de la zona afectada. El Tribunal Constitucional destaca que algunas de esas medidas son, incluso, anteriores a la promoción de estos recursos, por lo que, «teniendo en cuenta la protección otorgada por estas leyes autonómicas, es claro que ninguna razón aparece para modular los efectos temporales de la nulidad de la ley» .

El conseller Joan Buades manifestó su satisfacción porque la sentencia haya considerado nula «toda» la ley de Reserva Natural, y no sólo una parte del articulado, y subrayó el hecho de que en estos momentos la ley de protección de ses Salines promovida por Medi Ambient «esté blindada», ya que «nadie la ha recurrido». También aplaudió la sentencia del TC el presidente del Grup d'Estudis de sa Naturalesa (GEN), Joan Carles Palerm, quien esperaba un fallo similar debido al precedente de la sentencia de Santoña, un caso de características muy parecidas a las que reunía Eivissa.

Palerm recordó el acierto de Medi Ambient por haber protegido con urgencia ses Salines mediante una ley especial. En caso contrario, advierte, el TC hubiera considerado necesario que el Estado central siguiera protegiendo el enclave hasta que el Govern crease una figura legal conveniente. El diputado de Esquerra Unida Miquel Ramon también mostró su satisfacción, y consideró que pese a que el TC haya declarado inconstitucional la ley de Reserva Natural, ésta (que fue promovida por Izquierda Unida y PSOE) «ha sido muy útil durante siete años». En este sentido, Miquel Ramon recordó que en su momento fue creada «porque el Govern, entonces en manos del PP, no quería proteger ses Salines debido a los intereses que allí tenían Gabriel Cañellas y Abel Matutes».

«Afortunadamente -añade el diputado de Esquerra Unida- , esa sentencia llega cuando la Comunitat Autònoma ha cambiado de criterios medio ambientales y es gobernada por la izquierda». La presidenta del Consell, Pilar Costa, dijo que «era de esperar después de lo de Santoña», y aplaudió al Govern porque «con buen criterio elaboró la ley de protección para que no hubiera un vacío en cuanto surgiera la sentencia».