JOSÉ MIGUEL ROMERO28/04/02 0:00
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¿A quién elegirán los progresistas, populares y Joan Buades como primer defensor del ciudadano de las Pitiüses? Todas las partes implicadas son conscientes de que la marejada política que se vive actualmente no es propicia para llegar a acuerdos de ese tipo. Y, precisamente, si algo se necesita en este caso es consenso, ya que deberá ser apoyado en pleno por dos terceras partes de los consellers. ¿Y cómo debe ser ese ombudsman? El conseller del grupo mixto, Joan Buades, de quien partió la moción para crear esa figura, apuesta por alguien «conocido por sus hábitos democráticos y que sea muy conocido». «Es muy importante que sea una figura popular», señala, y pone el ejemplo de Pere Tàpies, el Defensor del Ciudadano del Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), elegido hace un año.

El concejal de Relaciones Ciudadanas de ese municipio (gobernado por socialistas y concejales de Iniciativa per Catalunya y de ERC), Josep Tomàs Alvaro, explica que escogieron a Tàpies por ser una persona reconocida en esa zona. Cantautor y gastrónomo, se caracteriza por tener «mucho contacto con la gente, por ser muy accesible y por caer bien a todos». Licenciado en derecho aunque no ejerce, Tàpies «siempre ha sido de izquierdas», señala Tomàs, aunque también es aceptado por la derecha y por CiU. El Defensor del Ciudadano de Vilanova se estrenó el pasado lunes con un informe anual que leyó en un pleno extraordinario. En él resumió las quejas de sus paisanos: vivienda, administración municipal, aparcamiento, nombres de calles y licencias de obras acaparaban las reclamaciones. También recomendó al equipo de Gobierno más celeridad en algunos trámites.

En el caso de Vilanova (municipio de 56.000 habitantes con un presupuesto de 51 millones de euros, superior al del Consell pitiuso), el ombudsman sólo cobra dietas y desplazamientos, algo que no supone más de 200 ó 300 euros al mes, según detalló Tomàs. Ese ejemplo contrasta con el de Calvià, municipio que tuvo el primer Defensor del Ciudadano de Balears (hay otro en sa Pobla). Esa figura es encarnada desde junio de 1996 por Antoni Pallicer, antiguo teniente de alcalde y parlamentario por el PSOE que estaba retirado de la política cuando fue elegido unanimemente defensor por Unió Mallorquina, PP y PSOE. Pallicer dispone de una partida de 60.000 euros anuales, que, según indica, reparte entre su sueldo, adquisición de libros, cursos, actos, informes e investigaciones. Antiguo director de hotel y licenciado en Derecho, considera que es indispensable que exista ese dinero para mantener la independencia. También desempeña otro cargo, el de Defensor del Turista, que, confiesa, casi le hace más ilusión que el del Ciudadano.

Joan Buades considera que el Defensor de los pitiusos debería disponer de una partida mínima de 60.000 euros, «nunca por debajo», dado que tendrá dedicación exclusiva y deberá encargar informes. Aunque en Vilanova no hay esa partida, el concejal de Relaciones Ciudadanas considera «correcto» que las haya para evitar «tentaciones», especialmente en asuntos urbanísticos.