Los promotores de Can Escandell han reclamado al Ayuntamiento de
Eivissa la rescisión del contrato firmado en 1994 por el que se
acordaba la cesión de 95.000 metros cuadrados de terreno para
construir un gran parque cuando el resto de la zona pudiera
desarrollarse urbanísticamente. En vista de que ese convenio no
tiene visos de poder ejecutarse, los propietarios de los terrenos
quieren ahora que el Consistorio derribe todas las construcciones
que se han llevado a cabo en la zona y, para ello, han promovido un
expediente sancionador contra la institución y no descartan
emprender acciones penales para exigir responsabilidades al equipo
de gobierno.
Según explicó ayer José Antonio Prats, el letrado que representa
a los promotores, la zona está calificada como verde en el Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) y, por tanto, todos los usos
que se le han dado hasta ahora pueden constituir un delito contra
la ordenación del territorio tipificado en el Código Penal, así
como un delito de prevaricación. Así, en el expediente sancionador
urbanístico presentado ayer mismo se reclama que se eliminen de
estos terrenos el centro cívico y social, el parque infantil, el
escenario para fiestas, la pista polideportiva y sus vestuarios y
aseos. También se denuncia que el Ayuntamiento «ha llevado a cabo
la ampliación de la calle des Jondal, que antes era un camino de un
metro de ancho y ha pasado a convertirse en una carretera de doce
metros».
Lo que más ha molestado a los propietarios, recalcó el abogado,
es que todo esto se ha hecho «con total desprecio» hacia ellos, sin
consultarles o siquiera informarles de sus intenciones. «Una vez
que se acaba la esperanza y la ilusión, que se ve que no se va a
llevar a cabo ni el parque ni la urbanización, están dispuestos a
llegar a dónde sea mediante acciones civiles y penales», advirtió
su representante legal.
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