El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ecotasa

El pleno de la Sección Tercera del TC señala en su escrito, al que tuvo acceso Efe tras su remisión a las Cortes, que paraliza la ejecución de la ley impugnada «desde la fecha de interposición del recurso "30 de julio 2001" para las partes del proceso». La Sección Tercera comunica además que abre un plazo de quince días para que el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento y el Govern de Balears «puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimen convenientes», como establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

El Consejo de Ministros acordó el pasado 27 de julio interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento balear del Impuesto sobre estancias en empresas de alojamiento turístico, conocido como «ecotasa», y pedir la suspensión de la aplicación de dicha figura impositiva. El Ejecutivo entiende que ese nuevo impuesto recae sobre hechos imponibles ya gravados con el IVA y el IAE. Este impuesto, aprobado en abril por el Parlament balear, está destinado a la dotación de proyectos de rehabilitación de zonas turísticas y espacios naturales y, para ello, grava con una media de un euro diario a todos los turistas mayores de 12 años que no viajen en programas sociales subvencionados y se alojen en establecimientos turísticos. De acuerdo con el artículo 161 de la Constitución, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno central supone, de forma automática, la suspensión de la norma autonómica impugnada. Ahora el TC tiene un plazo máximo de cinco meses para decidir si mantiene la suspensión hasta que se pronuncie sobre el fondo del asunto "lo que puede demorarse varios años" o si la levanta.

El informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Uría Menéndez a petición de la Federación Hotelera de Mallorca llegó a la conclusión de que la ecotasa «es inconstitucional» debido a que grava el mismo concepto que el IVA que pagan los hoteleros, por lo que su aplicación supondría una doble imposición, un hecho que «vulneraría los límites de la potestad tributaria de la Comunitat Autónoma previstos en el artículo 133.2 de la Constitución, 6.2 de la LOFCA y en el 57 del Estatuto de Autonomía». Las cuatro conclusiones extraídas en el informe son opuestas a la legalidad de la ecotasa y contienen argumentos «de peso», según el abogado de los hoteleros, Joan Buades, para oponerse de forma frontal a su aplicación, si el Govern mantiene el mismo texto del proyecto de ley que debe ser debatido por el Parlament. En ese aspecto, Buades dijo que el proyecto redactado por el Govern define «habilidosamente» la ecotasa como un impuesto directo sobre el usuario para evitar su identificación con el IVA, que es un tributo por consumo que pagan los hoteleros.

Joan Mesquida: «La decisión del TC es un puro trámite»
«Siempre que el Gobierno interpone un recurso, el Tribunal Constitucional lo admite a trámite, por ello, todo sigue como estaba previsto», dijo el conseller d'Hisenda i Pressuposts, Joan Mesquida. «Esto no cambia absolutamente nada; es como entrar una instancia y que te pongan el sello pertinente», precisó. «Este trámite no es opinable; el que quiera hacer política de esto que lo haga. El TC tiene cinco meses de plazo para decidir si levanta o no la suspensión, aunque puede no agotar este plazo. Y aunque el TC mantenga la suspensión, eso no prejuzga el fondo del asunto, de si es constitucional o no. Y si la levanta, tampoco quiere decir nada, porque tenemos el precedente del 'impuesto ecológico', que levantó la suspensión y diez años después dijo que era inconstitucional», indicó Mesquida.