El tribunal de lo Contencioso Administrativo número uno de Palma ha
anulado la concesión de una licencia de obra en sa Rota den Puig
otorgada por la Comisión de Gobierno de Sant Antoni, al entender
que existe una infracción urbanística grave. El recurso fue
presentado el 6 de abril por el propio Consistorio al observar,
tras una denuncia del Grupo Verde Europeo, que las obras no
coincidían con las previstas en la licencia, concedida el 25 de
junio de 1999, tras las elecciones municipales en las que el PP de
Sant Antoni quedó en minoría: en vez de ampliar una vivienda ya
existente, el propietario edificaba una nueva casa.
El portavoz del Pacte Progressista, Joan Marí Serra, considera
que esa sentencia constituye un varapalo para el equipo de
Gobierno, ya que pone en entredicho al alcalde (que a la vez era
aparejador de esa obra) y a los cinco concejales que formaban parte
de la Comisión de Gobierno que aprobó la licencia. Según la
interpretación que el edil progresista hace de la sentencia, ahora
se debe proceder a la incoación de un expediente administrativo
contra esos ediles.
Por el contrario, el alcalde de la localidad, Antoni Marí Tur,
manifestó su satisfacción por la sentencia y negó que en ella se
diga que hay que abrir expedientes a los ediles populares que
concedieron la licencia. En cuanto al párrafo que indica que se
debe proceder a adoptar las medidas necesarias para «restablecer la
legalidad urbanística vigente inclusive la demolición», Marí, que
espera que la obra no se derribe, explicó que en estos momentos se
está tramitando la legalización en el Consell. Según el alcalde,
este asunto arranca de una confusión del propietario de la finca,
que solicitó un determinado trámite para realizar una obra al creer
que no reunía los requisitos precisos. Anulada aquella licencia,
ahora sólo necesita el visto bueno de la Comisión Insular de
Urbanismo (CIU) para poder legalizarla.
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