La compañía GESA ha iniciado los trámites para presentar un
contencioso-administrativo contra la Norma Territorial Cautelar por
los perjuicios económicos que, según se asegura desde la empresa,
le ocasiona la obligación de soterrar los tendidos que atraviesan
suelo rústico. Uno de los proyectos afectados es el de Es
Canar-Punta Verde, línea a la que la Comissió Insular d'Urbanisme
(CIU) concedió en su última reunión el interés general siempre y
cuando los cables se soterren.
Sin embargo, los problemas de GESA con esa línea -que según la
compañía es vital para mejorar el suministro en una zona tan
saturada como Es Canar- arrancan cinco años atrás, no ahora. Según
los datos facilitados por la directora general de Indústria,
Francisca Vives, fue en 1995 cuando la empresa inició los trámites
para conseguir la aprobación de las administraciones públicas. Pero
aquel año ya se topó con el primer obstáculo: el Consistorio de
Santa Eulària, que sólo accedía a otorgar la licencia de obra si la
línea era soterrada, la misma condición que pone ahora el Consell
Insular. Esa obligación resultaba contraria a los intereses de
GESA, por lo que la empresa decidió no desarrollar la línea de Es
Canar, que ha permanecido paralizada hasta la actualidad.
Finalmente, el Ayuntamiento de Santa Eulària accedió a que el
tendido fuera aéreo. Tras salvar ese trámite, la documentación fue
remitida a la CIU para que concediera el interés general, dado que
la línea atraviesa suelo rústico, según explicó a esta redacción el
conseller de Turisme i Territori, Josep Marí Ribas. Dado que la
tramitación llegó al Consell Insular después de la aprobación de la
moratoria, la CIU, siguiendo al pie de la letra el texto de la
norma, accedió a otorgar el interés general, siempre y cuando el
tendido fuera soterrado.
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