GESA no asumirá el coste adicional que supondría soterrar nuevos
tendidos eléctricos en suelo rústico, según informó ayer a este
periódico un portavoz de la compañía. La empresa recuerda que la
ley del sector eléctrico, que entró en vigor en 1997, establece,
precisamente, que los tendidos en suelo rústico deben ser aéreos.
Paralelamente, la ley recoge una serie de tarifas condicionadas a
ese tipo de instalaciones.
Tras el anuncio realizado el pasado fin de semana por GESA de
que la moratoria imposibilita llevar a cabo las mejoras «previstas
y proyectadas puntualmente» en las redes de distribución, desde el
Consell Insular se insinuó que la Norma Territorial Cautelar
permite la posibilidad de soterrar esos tendidos. Un portavoz de
GESA replicó que esa posibilidad acarrearía unos costes adicionales
difíciles de asumir, y recordó que en la ley del sector se subraya
que «de ninguna manera se pueden hacer tendidos eléctricos
soterrados en suelo rústico». Sólo es obligatorio soterrar en
aquellas zonas urbanas que no están aún electrificadas. En este
sentido, desde la eléctrica se destaca que se puede estar
produciendo un «conflicto entre reglamentaciones nacionales y
locales».
Los tendidos subterráneos suponen un coste entre dos y veinte
veces superior al que comportan los aéreos, según los cálculos que
maneja GESA. Desde la eléctrica se quejan de que la administración
insular haya redactado una moratoria sin tener en cuenta esos
costes derivados ni, consecuentemente, que alguien tendría que
hacerse cargo de ellos, algo que GESA parece no estar dispuesta a
asumir ya que es una compañía «cien por cien privada» que debe
responder ante sus accionistas y que funciona por criterios de
rentabilidad.
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