El grupo municipal progresista presentará un recurso contencioso
administrativo contra el alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur,
por el incumplimiento de un acuerdo tomado por el pleno de esta
institución. En concreto, y según anunció ayer el portavoz del
Pacte, Joan Marí Serra, un juez deberá decidir si el concejal
Miquel Costa, o en su caso el equipo de gobierno del Ayuntamiento,
tiene que pagar el importe del ordenador portátil que fue robado
cuando estaba a su cargo.
Este punto fue aprobado por el pleno de Sant Antoni el pasado
mes de julio sin que de momento, se haya realizado el citado
ingresos económico. Según explicó el alcalde, ni el equipo de
gobierno ni el concejal tiene intención de efectuar el citado pago
por considerar «improcedente» el acuerdo tomado por el pleno. En
este sentido, el propio Miquel Costa quiso dejar calor que el
citado ordenador, «fue robado en el Ayuntamiento y no haciendo un
mal uso del aparato. A pesar de estas explicaciones, Joan Marí
Serra criticó la actitud del alcalde al que acusó de «no respetar
los acuerdos de la institución».
Este fue uno de los puntos tratados durante el pleno celebrado
ayer en Sant Antoni donde se dio cuenta del estado actual del
proyecto de construcción de la piscina municipal de Can Coix. Al
parecer, según informó Antoni Marí Tur, los problemas de la Unión
Temporal de Empresas, la UTE que recibió la adjudicación han
impedido la firma del contrato cuyo lazo finaliza el próximo 25 de
septiembre.
El alcalde de Sant Antoni ya ha anunciado que en caso de que no
se formalice el acuerdo, se deberá convocar un pleno para tratar el
futuro de la obra. Los trabajos de la piscina costarán 342 e
incluyen un proyecto sobre el uso de energías alternativas en esta
instalación. Durante el pleno se tomó el acuerdo de redactar un
estudio para dotar de vestuarios y servicios al auditorio de Sa
Punta des Molí. Además, el Consistorio convocará concursos para
adjudicar los trabajos que no realice la brigada de obras.
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