El voto de calidad del alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur, y
la ausencia de un concejal del Grup Progressista, permitió ayer la
aprobación de un informe en el que se cuestiona la legalidad de la
moratoria urbanística y en el que se pide a la presidenta del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Pilar Costa, que pida un
dictamen del Consell Consultiu sobre la legalidad de la norma
aprobada por el Consell. El informe no contó con el respaldo de los
dos concejales de Democràcia Pitiusa, ni con los seis del grupo
municipal Progressista, ya que el séptimo estaba ausente.
La aprobación del informe sobre la Norma Territorial Cautelar
centró una gran parte de la sesión plenaria en Sant Antoni. El
portavoz de Democràcia Pitiusa, Vicent Marí Prats, llegó a pedir un
receso del pleno para consensuar «cuatro o cinco puntos del informe
que no son claros y tendenciosos», ya que no habían tenido acceso
anteriormente al documento. Sin embargo, el alcalde se negó a la
petición de Vicent Marí alegando que se acaba el plazo para
presentar el informe.
Marí Tur justificó la presentación de ese informe, que rechazó
en varias ocasiones ante la oposición que fuera un escrito de
alegaciones a la moratoria, argumentando que se trata de «una clara
invasión de las competencias municipales, vulnerando el principio
de la autonomía municipal» y aseguró que se trata de un estudio
realizado por los servicios jurídicos del municipio, «totalmente
apolítico».
El portavoz municipal de los progresistas, Joan Marí Serra,
reiteró que «se trata de un informe del PP» y añadió que «en el
fondo, lo que se quiere es seguir construyendo». Antes de comenzar
el pleno, Marí Serra expuso la posibilidad de hacer una impugnación
del pleno por una posible ilegalidad, ya que no habían tenido
acceso a toda la documentación del pleno.
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