Promotores afectados por las DOT exigen indemnizaciones al Govern

En la Conselleria d'Obres Públiques tienen constancia de dos reclamaciones, una de ellas por 2.424 millones de pesetas y la otra, con una cuantía sin determinar. Otra petición multimillonaria ha llegado por error al Parlament y fuentes de toda solvencia aseguran que son al menos seis los promotores que exigen compensaciones que superan los 2.000 millones cada una de ellas.

El director general d'Ordenació del Territori, Manuel Cabellos, confirmó que su departamento ya tiene estos dos peticiones por la desclasificaciones realizadas en terrenos urbanizables que tenían plan parcial aprobado o en proceso de aprobación. Cabellos no quiso detallar cuáles son los terrenos afectados, pero sí explicitó que se trata de zonas incluidas además en la moratoria del Consell, por lo que no descarta que las reclamaciones también lleguen a la institución insular.

Las reclamaciones se hacen directamente al Govern antes de pasar por los tribunales ya que la propio ley de Directrices de Ordenación del Territorio contemplaba en uno de sus artículos esta posibilidad. Una de sus disposiciones adicionales decía: «El Govern de les Illes Balears establecerá las medidas compensatorias para los propietarios de los terrenos y titulares de derechos que resulten limitados por la aplicación de esta Ley».

Manuel Cabellos admitió que el Govern tiene ahora la obligación de estudiar la reclamaciones que se vayan presentando para ver si realmente cabe esta responsabilidad patrimonial que reclaman los promotores. «Habrá que ver si el Govern asume o no estas indemnizaciones», aseguró.

En caso de que el Ejecutivo de Antich rechace el pago de cualquier compensación, se da por hecho que los propietarios afectados trasladarán sus peticiones a los tribunales. De hecho, casi se da por hecho que finalmente serán los jueces quienes determinen si cabe o no el pago de estas indemnizaciones.

Hasta la fecha, las sentencias dictadas por los jueces han determinado en el caso de indemnizar, las instituciones no deben pagar el lucro cesante, es decir, la expectativa de negocio de los promotores. En todo caso, el propio Govern reconoce que puede verse obligado a pagar los gastos abonados por las empresas promotoras por la realización de los proyectos urbanizadores. En este caso la cuantías serían muy inferiores a la petición.

Por su parte, los particulares también exigen su derecho a cobrar indemnizaciones por las desclasificaciones realizadas por el Govern durante la etapa de Matas.