Una nueva sentencia del Juzgado número uno de lo contencioso
administrativo de Palma ha desestimado el cuarto recurso
interpuesto por la Plataforma Balear de Interinos (PBI) por
supuestas irregularidades en el bolsín de interinos convocado por
el Govern balear. La resolución no sólo da la razón a la
institución autonómica, sino que obliga a la PBI a pagar «costas
por temeridad y mala fe» por litigar, una sanción que también
recoge una sentencia anterior. En esta cuarta resolución «se
confirman los actos administrativos impugnados por ser ajustados a
la legalidad del ordenamiento jurídico».
El conseller d'Interior, Josep Maria Costa, aseguró ayer que el
Govern ha solicitado el levantamiento de un auto judicial dictado
en febrero por el que se suspendían cautelarmente todas las pruebas
del bolsín de interinos y la contratación de personal, lo que
supondría la contratación inmediata de 150 empleados interinos de
diferentes cuerpos y categorías.
El motivo de la suspensión cautelar de estas pruebas se debe,
según este auto del 23 de febrero del 2000, a que se podrían causar
graves perjuicios a las personas que, después haber superado estas
pruebas, accedan a un empleo de la Administración balear como
interinos y que, posteriormente, una sentencia pudiera terminar
anulándolas tras la demanda inicial de la Plataforma Balear de
Interinos. Sin embargo, el Govern pide que se levante este auto
para que no se prolongue más la actual paralización en la
contratación de la Administración pública balear, con «los graves
perjuicios» que esto supone.
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