El Ayuntamiento de Formentera ha dado los primeros pasos para que
las empresas que se dedican a alquilar motocicletas, scooters y
bicicletas dejen de causar los problemas que año tras año generan
al acumular vehículos en la vía pública de los principales centros
urbanos de la isla. Esta «invasión» no sólo de las calzadas sino
también de las aceras es especialmente problemática, junto a
algunas zonas de la Savina, en el núcleo urbano de es Pujols, por
cuyas calles transitan además de automóviles, autobuses de línea
regular, turísticos, camiones de reparto y los numerosísimos
turistas en bicicleta o motocicleta que copan las plazas hoteleras
en verano; el resultado, serios embotellamientos.
En la reunión mantenida la semana pasada por el alcalde de
Formentera, Isidor Torres, y el primer teniente de alcalde y
concejal de infraestructuras, Enric Barot, con representantes de
los empresarios dedicados al alquiler de motos y bicis, se
estudiaron los aspectos negativos de la situación y que serán
prohibidos a partir de este momento, como la exposición en la vía
pública de vehículos como reclamos para su alquiler.
Torres se ha quejado en repetidas ocasiones «de la mala imagen
que producen extensiones de vehículos ocupando las calles» y ha
incidido, por ejemplo, en que es «inaceptable que la primera imagen
que tengan los turistas sea una profusión de motos y bicis por
doquier», refiriéndose al puerto de la Savina. A partir de este
momento, los negocios de este tipo sólo dispondrán de cuatro metros
lineales para exploner en la calle, «nunca en la acera», sus
vehículos. Asimismo, desde el Ayuntamiento se ha informado a los
rent-a-bike que queda «terminantemente prohibido» efectuar trabajos
de mantenimiento o reparación en la vía pública y, en consecuencia,
los empresarios «deberán realizar dichas tareas en sus propias
naves o almacenes».
La norma supone un cambio importante respecto a la situación
anterior. Precisamente, desavenencias de criterios y las presiones
ejercidas por el sector obligaron a la retirada de un artículo que
regulaba el funcionamiento de este tipo de explotaciones y que fue
impulsada por el Consistorio cuando estaba gobernado inicialmente
por la coalición GIF-PP y posteriormente por el PP en minoría.
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