El PP estudia querellarse contra el Govern por fraude en documento público

Sampol y Antich se reunieron para estudiar la posible retirada de la ley de medidas urgentes, que finalmente se aprobará el martes

Nekane Domblás24/09/99 0:00

El PP anunció ayer que estudia la posibilidad de presentar una querella contra el Govern por falsedad en documento público al entender que existen sospechas y dudas razonables de que el Ejecutivo modificó la ley de medidas urbanísticas urgentes tras su aprobación en el Consell de Govern. El PP considera que la disposición final del texto, en la que se fija la entrada en vigor de la ley al día siguiente de su publicación en el Boletín de la Comunitat, no constaba en el texto original aprobada por el Ejecutivo en su reunión del pasado viernes.

El Govern balear negó ayer rotundamente que se hayan producido modificaciones en el texto original y retó a los populares a que presenten la querella, si así lo consideran. Sin embargo, a pesar de esta aparente tranquilidad, algunos socios del Govern consideran que el método elegido para tramitar el proyecto, por vía de urgencia, no es el más adecuado.

A la manifiesta oposición de UM se sumó ayer la voz crítica del PSM. El portavoz de los nacionalistas en el Parlament, Antoni Alorda, expresó ayer su descontento en la Junta de Portavoces por la tramitación urgente de este ley, pese a que precisó que su partido votaría a favor. Tampoco en algunos sectores de los socialistas ha gustado nada que una ley de estas características se tramite por vía de urgencia a la que consideran una imposición del Govern.

Los posibles problemas que puedan derivarse de la ley de medidas urbanísticas urgentes provocaron un breve encuentro el pasado miércoles entre el president del Govern, Francesc Antich, y el vicepresident, Pere Sampol. Durante esta reunión se llegó a plantear la posibilidad de retirar el proyecto para que no fuera tramitado por vía de urgencia. Sin embargo, finalmente se optó por mantener el texto, en vista de que cuenta con el aval de los servicios jurídicos del Govern.