Imagen de archivo del puerto de Formentera.

Llorenç Córdoba no tiene previsto dimitir. Y si para eso tiene que retorcer la legislación vigente, lo hará. El secretario del Consell de Formentera, Ángel Custodio Navarro, prepara para ello un nuevo «régimen provisionalísimo» cuyo objetivo formal es intentar que la institución no quede totalmente bloqueada. Políticamente, este nuevo régimen servirá para que Córdoba no dé su brazo a torcer ante las exigencias de dimisión de sus excompañeros de gobierno de Sa Unió y de los dos partidos de la oposición, GxF y PSOE.

En declaraciones a los medios, sin embargo, el todavía presidente ha admitido por primera vez la posibilidad de su dimisión sea la única salida a la crisis institucional abierta por él mismo. No obstante, como ya ha hecho en otras ocasiones, Córdoba ha asegurado que ni Sa Unió ni la oposición han puesto sobre la mesa ningún motivo que justifique la dimisión. Sobre la moción de censura que negocian GxF, PSOE y Compromís, el presidente la ha calificado de «órdago« y ha puesto en duda que pueda salir adelante.

Córdoba es ahora el presidente de un gobierno insular con un único conseller, Artal Mayans. De su lista de cargos desaparece a partir de hoy el de vocal de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), tras lograr Sa Unió aprobar una nueva propuesta de nombramiento, con la abstención de la oposición. Será Artal Mayans quien asuma este cargo y el de miembro del Consell de Navegació del Port de La Savina. En este último ente, la sustituta será Verónica Castelló, ex vicepresidenta y ahora en la oposición.

Córdoba se ha abstenido en la votación y ha señalado que acepta la decisión «democrática» del Pleno formenterés. En declaraciones a los medios, ha explicado que él no está «en política para ganar más o menos dinero». Y ha comentado que abandonar la APB será «casi mejor» dado que ahora mismo se encarga de la gestión de todas las áreas del Consell, salvo las de Turismo, Nuevas Tecnologías y Vivienda, que seguirán en manos de Artal Mayans.

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En esta situación, el secretario del Consell es el encargado de buscar la manera de que Córdoba se mantenga como presidente y, lo más importante, de que la institución no se vea paralizada tras la desaparición de la Junta de Gobierno. Navarro ha dejado claro en el Pleno que el equipo de Gobierno sale de esta junta y que, sin ella, lo que hay ahora mismo en el Consell son «restos del equipo de Gobierno». Algo no previsto por ningún legislador y que obliga a Navarro a buscar la manera legal de que pueda mantenerse hasta que crisis abierta por Córdoba en noviembre se solvente.

De momento, lo que está sobre la mesa es que el Pleno gestione algunas de las competencias que ahora están en manos de Córdoba, quedando la responsabilidad en todos los grupos políticos de la institución. Esto provocará, además, que se celebren sesiones plenarias cada 15 días. Y es que están en juego las contrataciones por encima de los 15.000 euros y la gestión de los fondos europeos Next Generation.

Navarro ha señalado también que, con la ley en la mano, no es fácil catalogar a Sa Unió dentro del Pleno, pues no está claro que pueda formar parte de la oposición tras abandonar sus consellers los cargos en el Gobierno insular. «Esto es de una dificultad extrema», ha lamentado Ángel Custodio Navarro y ha añadido: «No sabemos en qué situación estamos porque no hay situación definida legalmente. El equipo de Gobierno sale de la Junta de Gobierno y, al desaparecer la Junta de Gobierno, quedan restos del equipo de Gobierno».

En cuanto a la decisión de que Córdoba no represente más al Consell en el consejo de administración de la APB, el conseller de Sa Unió Hugo Martínez, antes responsable de las áreas de Actividad Física y Deportes, ha señalado que se ha tomado esta decisión por la «falta de confianza» en Córdoba. Sa Unió ya llevó esta propuesta al Pleno del mes de mayo pero acabó retirándola tras ofrecerle el presidente una nueva negociación. Negociación que finalmente no ha salido adelante y que ha llevado a que Sa Unió haya forzado el cese de Córdoba como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Baleares.