Las mismas fuentes, por otro lado, han explicado que están a la espera de los informes que han encargado para, en base a la Ley de Consells, ver qué escenarios se abren ahora para el equipo de Gobierno de la institución insular formenterense. Si Córdoba dimite y abandona sus cargos, sería otro miembro de Sa Unió el que se haría con la presidencia del Consell de Formentera y con el escaño en el Parlament. Si dimite pero se mantiene en el Consell, pasaría a ser conseller no adscrito y la presidencia sería ostentada por un representante de la coalición. El problema estriba en qué pasará si Córdoba se niega a dejar la presidencia y el Parlament, como de hecho está sucediendo, y Sa Unió materializa su amenaza de expulsarle de la coalición. ¿Podría seguir siendo presidente del Consell? ¿Tendría las mismas facultades que otorga la Ley de Consells a esta figura? ¿Qué pasaría con su salario? Son preguntas que deben responder los abogados a los que Sa Unió ha encargado estos informes.
Documentos que, según han señalado fuentes de la coalición, no estarán listos hasta después de Reyes, a pesar de que la intención de Sa Unió era formalizar la expulsión antes del pasado día 31 de diciembre.
El PP balear
En el PP balear, por otro lado, han preferido no pronunciarse al respecto. Fuentes de la formación han señalado en declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera que «ahora mismo no hay ninguna novedad» y que todo depende del resultado de los informes encargados por Sa Unió. «Hasta entonces», han subrayado, «no se puede valorar nada porque no hay nada nuevo. Está todo igual».
No dimitirá
Llorenç Córdoba, por su parte, tiene claro, al menos de cara a la galería, que no piensa dimitir ni como presidente del Consell ni como diputado autonómico. Así lo manifestó el martes en una entrevista en Ràdio Illa, la emisora de radio dependiente del Consell de Formentera. Córdoba considera que, en estos momentos, ha de ser Sa Unió la que exponga públicamente los motivos por los que le exige la dimisión. Un cuestionamiento sorprendente considerando que la coalición lleva semanas pidiéndole que abandone sus cargos por el escándalo de la petición de sobresueldos al PP balear y al Govern. Unos hechos que Córdoba niega aunque sí admite que ha solicitado que, si el dinero que recibe Sa Unió como grupo parlamentario en la Cámara autonómica, ha de ser repartido entre el PP formenterés y Compromís, alguien debe hacerse cargo del coste que tiene para él su labor como diputado autonómico. Un coste que, según sus explicaciones, no estaría cubierto con los más de 25.000 euros anuales que cobra del Parlament en concepto de dietas globalizadas.
Córdoba, además, considera que la situación creada por él mismo en el Consell de Formentera, donde todo su equipo de Gobierno quiere que dimita, es reversible si unos y otros dejan de «tensar la cuerda». Por ello, él mismo ha dado marcha atrás en su pretensión de que sean los vicepresidentes del Consell José Manuel Alcaraz y Verónica Castelló, del PP, los que dejen sus cargos en la institución insular. Un gesto que considera suficiente para que Sa Unió renuncie a su expulsión de la coalición y le permita mantenerse al frente del Consell y en el Parlament.
