La situación política en el Consell de Formentera está en una encrucijada desde que su presidente, Llorenç Córdoba, lanzara un órdago al Govern balear al anunciar que se planteaba dejar de apoyarle de manera incondicional. El cabeza de lista de Sa Unió, que no milita en ninguno de los dos partidos que conforman la coalición, PP y Compromís, escondió los motivos por los que tomaba tan drástica decisión apenas seis meses después de las elecciones. Una postura que el presidente tomó de forma unilateral y que ha provocado el mayor terremoto en la historia de la institución insular desde su creación en 2007.
El comportamiento de Córdoba, que actuó de espaldas a Sa Unió, daba pie a todo tipo de especulaciones y el diputado no tardó en empezar a marear la perdiz con explicaciones que no justificaban su forma de actuar. En las primeras declaraciones que hizo a los medios de comunicación tres días después de su críptico mensaje, Córdoba se mostró molesto con el Govern de Marga Prohens porque, a su entender, no se estaba dando a Formentera «la importancia que nos merecemos», pero sin aclarar las cuestiones concretas en las que, supuestamente, el Ejecutivo balear no había mostrado el interés suficiente. Tampoco quiso desvelar el resultado de las reuniones que había mantenido con el Govern tras su polémico anuncio. Entre las excusas que Córdoba fue lanzando a cuentagotas también estaba que el PP estuviera asumiendo, a su entender, los postulados de Vox.
La incomprensible actuación de Córdoba provocó que Sa Unió dejara de apoyarle y le pidiera la dimisión en una reunión que se alargó durante nueve horas. Una decisión que, en un principio, hizo recular a Córdoba y diera la crisis por zanjada: «Creo que se ha dramatizado en exceso y se han sacado de contexto mis palabras ya que en ningún momento se ha planteado retirar el apoyo a Prohens, sino que se ha vinculado el carácter de ‘incondicional' a una serie de medidas necesarias para Formentera». Nada más lejos de la realidad.
Córdoba no se daba por enterado y seguía justificando su postura vinculándola a la defensa de los intereses de Formentera y a un incumplimiento por parte del Govern en relación a la ley de costas autonómica y a la modificación de los deslindes prometida por Prohens en campaña electoral. Sin embargo, la liebre saltó en 5 de diciembre durante una entrevista con Ràdio Illa en la que Córdoba, al señalar los problemas de triple insularidad que sufre Formentera, se le escapó que le había pedido a Prohens más dinero para llevar a cabo su labor como diputado porque no le salían las cuentas. Señaló que, como no pertenece a ningún partido, tenía que pagar de su bolsillo los taxis y autobuses cuando viaja a Palma. Al parecer, los casi 90.000 euros que cobra al año entre su sueldo de presidente del Consell, diputado y miembro del Consejo de Administración de la Autoritat Portuària de Balears no le rinden.
Entre tanto dimes y diretes, la ‘anécdota' de los taxis pasó desapercibido para la mayoría, pero resulta fundamental para entender toda esta crisis. De hecho, al día siguiente, los consellers de Sa Unió confirmaron en rueda de prensa que el presidente del Consell de Formentera había reclamado sobresueldos al Govern porque estaba «arruinado» y le pidieron que dejara la presidencia de la institución insular además de expulsarlo de Sa Unió.
Córdoba, lejos de agachar la cabeza, negó aquella tarde del día de la Constitución en la plaza de Sant Francesc, donde una docena de personas se concentró para mostrarle su apoyo, las acusaciones de Sa Unió pese a que un día antes había reconocido que había reclamado más dinero a Prohens. Hasta el portavoz del Govern, el ibicenco Antoni Costa, confirmó que Córdoba había reclamado un sobresueldo a la presidenta Prohens. El presidente del Consell de Formentera dejó claro que no dimitiría y dijo sentirse «víctima de una estafa orquestada desde el PP de Mallorca».
La oposición
Con Córdoba enrocado y sin visos de que vaya a dimitir, la oposición se friega las manos observando cómo el equipo de gobierno de Sa Unió hace aguas cuando apenas ha pasado medio año desde que tomaran el poder. GxF y PSOE podrían presentar un moción de censura para hacer caer a Córdoba junto a Sa Unió. Pero no están por la labor. Primero pidieron conocer las pruebas que demostrarían las amenazas de Córdoba y, una vez se las han ofrecido, rechazan escuchar las supuestas grabaciones alegando que es un juez quien tiene que tomar una decisión.
Unas grabaciones que, según Córdoba serían «ilegales». Lo curioso es que el presidente formenterés no desmiente que existan ni su hipotético contenido y dice estar tranquilo.
Mientras, Córdoba se deja querer y la posibilidad de que el presidente se alíe con la izquierda toma cada vez más cuerpo, pese a que GxF y PSOE aseguran que este escenario no está sobre la mesa.
En su particular batalla contra los molinos de viento, el presidente del Consell de Formentera culpa ahora de la crisis a José Manuel Alcaraz (vicepresidente tercero del Consell y presidente del PP de Formentera) y a Verónica Castelló (vicepresidenta primera) como los culpables de la crisis política. Considera Córdoba que si se fueran del equipo de gobierno, él podría seguir gobernando con el resto de consellers, cuando ya le han dicho por activa y por pasiva que no tiene el apoyo de nadie en Sa Unió. Si tanto le molestan, ¿por qué no los echa y se acabó el problema? Nadie lo entiende.
Tras dos semanas de ausencia, se espera que Córdoba comparezca el martes en el Parlament balear para la votación de los presupuestos. Dice que votará a favor, pero nadie se fía de él. Va por libre y un lobo solitario es muy peligroso.
