La concentración se ha llevado a cabo este jueves por la mañana a las puertas del Consell de Formentera.

La recién creada plataforma SOS Vivienda Formentera ha organizado este jueves una concentración frente al Consell de la pitiusa sur para reivindicar que mejoren las posibilidades de vivir en la isla.

El acceso a la vivienda en Formentera es un grave problema, que se ha ido agravando en los últimos años hasta el dramatismo en algunos casos. No hay casa para residentes de todo el año y los trabajadores de temporada viven situaciones en algunos casos tercermundistas. Manuel Ángel Suárez explicó un relato que se escucha año tras año: «Hay gente durmiendo en hamacas, en gallineros, compartiendo colchones. Pedimos al Consell de Formenterauna mayor implicación para acabar con estas injusticias». El propio Suárez reconoce «el lícito derecho de los propietarios de sacar tajada a sus viviendas, ya que la ley se lo permite. Pero pedimos soluciones reales a problemas reales».

Yolanda García, portavoz de SOS Vivienda.

Isabel Pajares es una fotógrafa malagueña que desde hace 10 años hace la temporada en Formentera: «Vivo en una furgoneta. He encontrado habitaciones minúsculas o ‘corralitos' pagando 600 o 700 euros al mes y no me sale a cuenta venir a trabajar, de modo que prefiero esta fórmula».

Por su parte, SOS Vivienda, explicaba algunas de las propuestas que hacen desde la plataforma, como la construcción por parte del Consell de unas «viviendas dignas con zonas comunes y habitaciones adecuadas» para las personas que vienen a trabajar en la isla en verano.

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También piden «la obligatoriedad a la medianas y grandes empresas de alojar a sus trabajadores».
La portavoz del grupo, Yolanda García, insistía en la necesidad de «inspecciones que terminen con la precariedad y las condiciones abusivas y en ocasiones denigrantes donde se vive no solo en temporada si no en viviendas de residentes». García ha precisado que «la precariedad llega a todos, trabajadores de la hostelería, el comercio o los socorristas contratados por la institución que se hacinan 17 en una sola casa».

Córdoba y Mayans, conversando con los convocantes.

El colectivo ha recogido más de 700 firmas de apoyo en los últimos días, que entregaron al nuevo conseller insular de vivienda, Artal Mayans y al nuevo presidente de la institución, Llorenç Córdoba. En este sentido, Mayans ha recordado que para el actual equipo de gobierno, la vivienda «es una de las prioridades» y ha expresado que ya están trabajando en algunas de las medidas que llevaban en su programa electoral. En este sentido, estas medidas pasan por priorizar las inspecciones turísticas con el fin de controlar la oferta ilegal. Según ha precisado, sólo con esta medida ya afloraría nueva oferta de alquiler para todo el año o para los trabajadores de temporada.

Otra de las medidas que se llevarán a cabo será la implementación de un programa de alquiler seguro para que los propietarios puedan alquilar a un precio razonable a cambio de garantías de cobro y mantenimiento, además de recuperar la vivienda en buen estado. El Consell de Formentera también pondrá en marcha incentivos fiscales para propietarios y ayudas económicas para los inquilinos más necesitados.

También se simplificarán los trámites administrativos para aquellos proyectos de reforma y rehabilitación destinados al acondicionamiento de viviendas para uso residencial y se favorecerá la posibilidad de que apartamentos y alojamientos turísticos puedan ser puestos en el mercado de alquiler residencial sin que pierdan la licencia turística durante un determinado período. Lo mismo se hará con los locales comerciales que se quieran cambiar a uso residencial.

La institución ha precisado este jueves que prevé la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler en zonas urbanas, destinando un contingente de viviendas en edificios de nueva construcción a un precio tasado con anterioridad para facilitar el acceso a las personas con menos recursos, aprovechando además espacios públicos para reconvertirlos en recursos habitacionales temporales para personal sanitario, fuerzas de seguridad y profesores, entre otros. «Somos conscientes de la problemática actual, especialmente agravada en la isla con las gestiones de los últimos gobiernos», concluyó Mayans.