La ministra de Transición ecológica en Ibiza: «El nuevo reglamento de Costas recupera los deslindes del 97»

«Lo peor para los ciudadanos de Formentera fue la modificación de la Ley de Costas del año 2013 y el reglamento de 2014, que fueron anulados por el Tribunal Constitucional por ser inconstitucionales», explicó la ministra, «y eso generó una incertidumbre y una inseguridad muy importantes», insistió.

Usos estacionales

Ribera manifestó a su vez que «la inmensa mayoría de las edificaciones que había en ese deslinde», en referencia al de 2013, «quedan cubiertas por la Ley de Costas original, por lo que no tienen ningún problema y puede haber usos estacionales de temporada, que tenemos que ver en detalle si son plenamente compatibles con la legislación vigente o hay que regular alguna situación», algo en lo que aseguró que se está trabajando «con el Consell y los afectados».

Hay que recordar que el Consell de Ibiza ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la modificación del Reglamento General de Costas. El presidente de la máxima institución ibicenca, Vicent Marí, consideró «una injusticia» este nuevo reglamento, que «no tiene en cuenta los derechos de propietarios y explotadores de los negocios que existen a lo largo de toda la costa ibicenca». Tildó a su vez el efecto de este reglamento de «usurpación», dado que la norma no indemniza a los propietarios que se verán afectados por ella.

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Protección

Subrayó que es necesario compaginar la protección del dominio público, el entorno y el medio ambiente, pero hacerlo posible «con un desarrollo de la actividad económica que también ayuda a preservar el entorno en cuanto a limpieza y ofrece servicios a las personas que disfrutan de la costa».

Señaló a su vez que el reglamento no tiene en cuenta las peculiaridades de Ibiza, «está hecho desde Madrid por motivos ideológicos, pero no tiene presente la realidad de esta isla».

También el Consell de Formentera optó por presentar un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión unilateral del Gobierno. En este caso la decisión se adoptó por unanimidad por el pleno de la institución y en la propuesta se instaba al Gobierno del Estado a modificar la redacción del Reglamento General de Costas vigente después de la aprobación del Real Decreto 668/2022, de 1 de agosto, eliminando los cambios producidos que pueden aumentar la arbitrariedad en los deslindes y en los otorgamientos de las concesiones administrativas en dominio público de forma que se atiendan las alegaciones que se efectuaron en el proceso de participación pública abierto en noviembre de 2021.

Asimismo, se instaba al Gobierno a suspender cualquier trámite que comporte medidas restrictivas de derechos en aplicación de las novedades reglamentarias operadas después de la reforma del Reglamento.