La audiencia Provincial de Baleares retomará los días 9 y 10 de noviembre el juicio del caso Punta Prima, en el que se juzga al ex presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, al ex conseller de Hacienda (que a día de hoy continúa en el cargo), Bartomeu Escandell, y a ex vicepresidenta Sonia Cardona y al ex conseller de Turismo Josep Mayans por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, desobediencia, falsedad, infidelidad en custodia de documentos y coacciones. El juicio tuvo que suspenderse en noviembre del año pasado por indisposición de una de las magistradas.
El caso Punta Prima se remonta al año 2010, cuando se acordó en el pleno de la institución insular por mayoría absoluta aprobar la revisión de las Normas Subsidiarias del Plan Urbanístico de Formentera. Esto determinó que algunos terrenos fueran declarados como Espacios Libres Públicos de cesión gratuita al Consell.
El empresario alemán afincado en la pitiusa del sur Leo Stöber, responsable de la empresa promotora del complejo turístico Sunway S.L. en la zona de Punta Prima, interpuso denuncia en febrero de 2012 contra los consellers de Gent per Formentera, que formaba equipo de gobierno con el PSOE, tras la aprobación en 2010 de las citadas Normas Subsidiarias de la isla por las que los terrenos del empresario en Punta Prima, donde tenía la intención de llevar a cabo una ampliación de su ciudad de vacaciones, quedaban como inedificables.
Los acusados, ya en mayo de 2019, solicitaron que se incluyera en la causa al Consell de Formentera como responsable civil directo por si, finalmente, tuvieran que indemnizar al denunciante. Para ello, presentaron un incidente de nulidad en el que se señalaba que se había «omitido de forma incomprensible en la referida resolución la responsabilidad civil interesada por el querellante contra el Consell de Formentera, tal como solicita en su escrito de acusación».
En la primera jornada del juicio, celebrada el 14 de noviembre del año pasado, Ferrer defendió su inocencia e insistió en que, cuando llegaron al gobierno, el anterior Ayuntamiento había aprobado inicialmente el PERI de Punta Prima, pero todavía faltaba su aprobación definitiva. En este sentido, aseguró que varios informes medioambientales establecían que «contravenía la Ley de Espacios Naturales».
Asimismo, preguntado por el supuesto retraso que hubo en la tramitación del PERI de Punta Prima, el expresidente señaló que se debió a que estaban «saturados por la situación del Consell y todo lo que se correspondía a su organización», por ser un grupo político nuevo.
En la misma línea, le siguió el exconseller de Territorio, Bartomeu Escandell, quien insistió en que «no se dio la aprobación definitiva del PERI porque era una zona muy sensible y los diferentes informes que llegaban desaconsejaban seguir tramitándolo por no ajustarse a la ley, sobre todo medioambiental».
Con todo, subrayó que tanto Mayans como Cardona no tenían ninguna competencia sobre dicha tramitación y que simplemente se limitaron a votar a favor de la aprobación de las Normas Subsidiarias, un hecho que ambos acusados ratificaron durante su intervención.
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