La justicia estima en parte el recurso interpuesto por José Ramón Mateos contra el Consell Insular de Formentera tras ser cesado de su plaza como funcionario interino de la institución. Según la sentencia 229/2019 del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Palma, a fecha de 2 de septiembre de 2019, el organismo insular vulneró el derecho al acceso a las funciones públicas recogido en el artículo 23.2 de la Constitución. Al mismo tiempo, el juez desestima las demandas de vulneración del derecho de libertad sindical y de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
El dictamen señala que la actuación del Consell Insular «debería haber ido precedida del correspondiente procedimiento en el que, con audiencia del interesado, se hubiera dilucidado –con todas las garantías- si era o no conveniente la aplicación del contenido» de la base que indicaba la obligación del demandante a asistir al trabajo pese a su condición de liberado sindical. Sin embargo, detalla que «no se observa que […] ningún obstáculo u objeción se opuso por parte de la Administración para que el Sr. Mateos desplegara su actividad sindical en el seno de la Corporación», ni «puede observarse ninguna alegación específica dónde puede hallarse» cualquier otra infracción.
Tras conocerse la sentencia, desde el sindicato UGT, cuyo delegado en el Consell es el propio José Ramón Mateos, acusó a los responsables de Recursos Humanos del organismo durante la pasada legislatura de «intentar deshacerse» del trabajador porque «molestaba los tejemanejes en materia de personal». «Condenar a la administración por incumplir la Constitución, que es la norma fundamental del Estado, yo creo que es para que alguien se piense las cosas», declaró el delegado sindical.
Los costes
UGT también denunció el coste que las actuaciones llevadas a cabo por el Consell en este asunto han tenido para las arcas públicas. Según el sindicato, la suma de los informes llevados a cabo por la entidad ‘Consultores de Gestión Pública' sobre este caso ascendieron a casi 16.000 euros, a lo que cabría sumar los honorarios de una abogada externa por valor de casi 5.500 euros. Todo ello, más los salarios de tramitación y de la persona que sustituyó al delegado sindical, según UGT, alcanzaría una cifra de aproximadamente 70.000 euros. En este sentido, el propio Mateos exigió la depuración de responsabilidades a la anterior responsable del área, Vanessa Parellada, y al exgerente del Consell, Isidor Torres, quienes deberían, desde su punto de vista, asumir los costes.
La respuesta
Por su parte, el Consell de Formentera informó a través de un comunicado que sus servicios jurídicos están estudiando presentar un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears con el objetivo de «recuperar la validez del decreto de fin de nombramiento y que la demanda sea desestimada en su totalidad». La institución defiende su postura alegando que no impulsó una audiencia con el funcionario, como detalla el juez que debería haberse hecho, «porque la considera contraria a la jurisprudencia […] que obliga la aplicación rígida todos los requisitos de unas bases que impliquen capacidad discrecional».
Cabe resaltar que en la sentencia el juez considera que «tanto la actuación de la Administración demandada como la del propio demandante no puede calificarse más que de un auténtico cúmulo de despropósitos, desde luego alejado de los principios de buena fe y lealtad institucional», e insiste que esto afecta a «ambas partes».
Readmisión
El titular del Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza ya declaró «improcedente» el despido de Mateos en otro juicio celebrado el pasado mes de julio al considerar que el Consell de Formentera incurrió en «fraude de ley al abusar de la contratación temporal para cubrir necesidades permanentes». Como también decretó el juez, el delegado sindical podía optar a su readmisión y a día de hoy ya se ha reincorporado a su trabajo. El Consell deberá abonarle también los salarios que dejo de percibir y cuya cifra asciende a los 29.000 euros.
5 comentarios
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La lastima es que los políticos, por el momento, no responden con su patrimonio. Porque la vulneración de derechos fundamentales debería ser objeto de imposición de sanción al político responsable y su inhabilitación. Olé por el funcionario!
Pues viendo la foto, que gran concentración por los derechos de los trabajadores en Formentera, dais pena, tanto el Conselll como los Sindicatos, , los currantes de a pie abandonados por las Instituciones , que asco.
Por lo que he podido leer al susodicho se le despidió por no haber ido a trabajar durante los tres meses de prueba. Eso sí que es caro para el contribuyente.
Se podría llenar una enciclopedia con los "errores" del govern del Consell de Formentera. Lo malo es que cuestan mucho dinero al contribuyente y luego tenemos la isla hecha unos zorros.
Que paguen el figura del ex gerente y la consellera y que dejen la política toda esta banda de ineptos que se dedican a la política, viven de ella sin la más mínima rentabilidad para sociedad. Inútiles de libro.