En la introducción de este argumentario se explica que la Conselleria de Infraestructures i Mobilitat del Consell de Formentera pidió la «identificación de las referencias normativas más adecuadas» para fundamentar la voluntad del Consell Insular de mejorar las frecuencias marítimas entre las Pitiusas, combatir la actividad de los barcos turísticos que trasladan pasajeros entre Ibiza y Formentera equiparable a las navieras de transporte regular, evitar la concentración de barcos en el puerto de la Savina en las franjas centrales del día, explorar las posibilidades de concentrar los servicios de las barcas turísticas en trayectos distintos de ida y vuelta o limitar y reducir el coste del trayecto entre las Pitiusas para no residentes, especialmente en invierno.
En las conclusiones del argumentario, fechado el 12 de julio de 2016, realizado por la empresa Regio Plus Consulting S. L. y con apenas tres párrafos se señala que la mejora de la actual ordenación del transporte marítimo entre las Pitiusas que el Consell de Formentera pretende «se tendría que articular por medio de la Ley 11/2010, de 2 de noviembre, de ordenación del transporte marítimo de las Illes Balears y su despliegue reglamentario, todavía pendiente». Además, se indica que el régimen de inspección y sancionador establecido en esta misma ley «es suficiente, a nuestro entender, para intentar corregir y evitar las infracciones que puedan cometer las navieras que prestan el servicio de transporte de pasajeros regulares y de turistas».
El Juzgado de Instrucción número 9 de Palma investiga el llamado ‘caso Contratos', una presunta trama de favoritismo con contratos públicos en instituciones gobernadas por Més hacia Jaume Garau, el exjefe de campaña del partido ecosoberanista.
A raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción se investiga a Garau, a la exconsellera de Cultura Ruth Mateu y los exaltos cargos del Govern balear Jaume Gomila, José Ramón Cerdà y Pere Muñoz.
2 comentarios
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Juamet donanli sous als mallorquins .
Al trullo pero ya.