La Ley de contratos del Sector Público determina que el importe máximo para que se adjudiquen unas obras públicas sin publicidad es de 50.000 euros más IVA. Sin embargo, el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, mediante resoluciones del 19 de octubre y del 10 de noviembre de 2015, dio el visto bueno al pago de las facturas de las obras de adaptación de las instalaciones del campo de fútbol en la nueva Escoleta del Camí Vell de la Mola por valor de 69.084,86 euros, las obras de ampliación del campo de fútbol por un importe de 486.107,04 euros y la construcción de dos pistas de tenis y dos de pádel por 232.201 euros a pesar de que tenían el reparo del interventor. En total los tres contratos suman 787.393,78 euros. «En el ejercicio 2015 la Intervención informa de expedientes con omisión de fiscalización previa de importes significativos relacionados con el uso indebido de la figura de contratación menor en gastos susceptibles de ser tramitados como expedientes de contratación», destaca el informe de la Sindicatura de Comptes.
En su día, el interventor destacó en un informe que el Consell de Formentera había fraccionado el pago de la obra en diferentes proveedores. «La contratación de estos gastos, que no están apoyados por el correspondiente expediente, no se ha ajustado a los trámites exigidos en la LCSP (Ley de Contratos del Sector Público) vulnerándose los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. La circunstancia determina la nulidad de pleno derecho», señaló el interventor en su informe ahora ratificado también por la Sindicatura de Comptes en el ‘Informe sobre los acuerdos y las resoluciones contrarias a las objeciones que la Intervención local ha formulado de los ejercicios 2014 y 2014’.
Sistemas de control
La Sindicatura de Comptes revela que el entorno de control del Consell de Formentera «presenta debilidades importantes». Concretamente, destaca que el interventor de la institución es interino desde febrero de 2005, una situación «que puede afectar a su independencia». Además, apunta que el nivel de recursos humanos dirigido al control (que se valora con la ratio de presupuestos por empleado de control interno) es inferior a la media de los consells insulars, concretamente 7.321 miles de euros por 11.819 miles de euros de media.
Otro de los puntos que destaca la Sindicatura de Comptes es que el nivel de procesamiento de las tareas de control interno del Consell de Formentera «es moderado y no dispone de una guía o manual para ejercer las fiscalización previa ni de un procedimiento para los expedientes en los que haya habido omisión de fiscalización previa».
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