El PP de Formentera pide al Consell que se asuman responsabilidades por saltarse de nuevo la ley

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En este caso, el secretario de la institución dio cuenta en el ultimo pleno del pago de facturas “sobre las cuales había formuladas objeciones de legalidad” por parte de la intervención en referencia a los gastos destinados a sufragar los actos de las fiestas de Sant Jaume (42.501,25 euros en cuatro facturas diferentes), la asistencia técnica para el proyecto de amarres y fondeos regulados de s'Estany des Peix (43.318 euros fraccionados en dos facturas), así como la adquisición de un vehículo de bomberos (43.487,40 euros a través de dos facturas). José Manuel Alcaraz calificó la situación de “muy grave” porque el conseller d'Economia “mintió cuando aseguró que no había más informes contrarios de intervención” tras los sucedido con las obras públicas. “Nos dijo que no había nada y ahora nos sorprende que, además con malas palabras, se mienta de forma tan descarada cuando vemos de nuevo que se han saltado la ley de contratos”, manifestó el portavoz popular, que considera que esta práctica afecta a la libre concurrencia de empresas al concurso público y a los ciudadanos porque “cuando no hay libre concurrencia, los precios son más altos”. Además, aseguró que tampoco se da la seguridad jurídica necesaria porque los contratos “pueden ser objeto de impugnación en cualquier momento”. Según Alcaraz, el Consell “no busca dar el mejor servicio ni el mejor precio, por lo que va en detrimento del servicio del ciudadano” y lamentó que únicamente intenten “desacreditar” al PP diciendo que son “errores administrativos” cuando se está hablando ya de “cifras importantes”. “También amenazan con querellas si alguien les saca la información que luego al final no presentan porque se confirma que hay tratos de amiguismo y que se saltan la normativa”, añadió.

Por su parte, el Consell de Formentera no quiso hacer valoraciones sobre el tema ni dar explicaciones sobre esta nueva fracción de facturas que vulnera la ley de contratos menores. Cabe recordar que La Ley de Contratos del Sector Público señalaba hasta ahora que el importe máximo para adjudicar unas obras públicas sin publicidad son 50.000 euros más IVA y de 18.000 cuando se trata de otros contratos.