El pleno del Consell de Formentera aprobó ayer solicitar a la Administración General del Estado que el pago de un plus de insularidad a los funcionarios de la institución. Dicha propuesta fue aprobada con los únicos votos a favor de los consellers del equipo de gobierno y la abstención de la oposición después de que Gent per Formentera rechazara las propuestas sobre este mismo asunto realizadas por el Partido Popular y el PSOE.
La consellera de Benestar Social y Recursos Humans, Vanessa Parellada, justificó el rechazo a estas mociones alegando que ambas contemplaban que el plus lo pagara el Consell de Formentera. «No es posible tomar medidas que mejoren la situación de un parte de la población en perjuicio de la otra parte, que es quien lo debería financiar, no tendría sentido porque al final Formentera pagaría los problemas de trabajar en Formentera», apuntó Parellada.
El portavoz del PP, José Manuel Alcaraz, aseguró que «nosotros no decimos quién lo tiene que pagar sino que queremos que se sienten en la mesa de negociación con los sindicatos. Pensamos que tenemos un sistema de financiación lo suficientemente bueno para pagar los gastos de personal y que se tendrían que redistribuir mejor».
Por otra parte, el pleno del Consell aprobó por unanimidad la suscripción de un convenio con el Consorcio de Transportes de Mallorca que permitirá el establecimiento de un sistema tarifario integrado. Asimismo, se dio el visto bueno a la declaración de interés general de la ampliación de las redes de baja tensión de Racó de sa Llenya, sa Miranda y Can Simonet, mientras que con los votos de GxF y la abstención del resto de grupos se denegó el estudio de detalle de un solar de Sant Ferran promovido por la entidad Plaça de Sant Ferran S.L.
La aprobación definitiva del estudio de detalle de la avenida Joan Castelló Guasch de Sant Ferran también se aprobó con los votos a favor de GxF y PP y las abstenciones de PSOE y Compromís, y la propuesta de regulación de horarios, de amenización y ambientación musical contó con los votos a favor de GxF y Compromís y la abstención del resto de grupos.
La propuesta del PP de regularización del alquiler turístico en viviendas plurifamiliares de zonas urbanas no prosperó, mientras que una propuesta de los socialistas, que pedía la señalización de zonas de paso seguras para los peatones en la zona escolar de Sant Francesc se aprobó por unanimidad.
Punta Gavina
La concesión de las licencias de las mansiones en Punta Gavina, que el Supremo obliga al Consell a revisar, también fue objeto de debate y la consellera de Territori, Alejandra Ferrer, culpó al PP de su construcción, ya que el PTI aprobado en 2005 permitía la edificación en ANEI.
Alcaraz acusó al equipo de gobierno de «escurrir el bulto y responsabilizar siempre a los demás».
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