El PP de Formentera pedirá en pleno si ha habido trato de favor en Punta Gavina

La petición de los populares se produce tras conocerse la providencia del Tribunal Supremo, que ratifica la anterior del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TJSIB), y que obliga a la máxima institución insular a revisar la licencia de construcción de esta mansión en la zona ANEI de Punta Gavina que es propiedad de la mercantil Punta Na, presidida por dicho empresario.

El portavoz del Grupo Popular en el Consell de Formentera, José Manuel Alcaraz, señaló ayer que «tras la sentencia del Tribunal Supremo es evidente que deberían asumirse responsabilidades políticas». En este sentido, Alcaraz destacó que «Gent per Formentera deberá explicar en el pleno ordinario del próximo viernes si existió trato de favor cuando en 2012 se otorgó la licencia de construcción correspondiente».

Efectos de la sentencia

Además, el Grupo Popular quiere saber también las consecuencias que puede tener la sentencia, el motivo por el cual se ha ocultado a la ciudadanía la providencia del Supremo, que data del 14 de diciembre de 2017, los costes jurídicos que ha conllevado el pleito, así como los pasos que va a seguir la institución a partir de ahora.
Desde el PP esperan que ahora el equipo de gobierno «escuche a los profesionales de la institución y no haga como con el recurso de casación a la sentencia del TSJB en contra de los núcleos históricos aprobados en su PTI y que tuvo paralizados los proyectos urbanísticos de Sant Francesc, Sant Ferran y La Mola casi cuatro años, entre ellos las nuevas escuelas de Sant Francesc y Sant Ferran».

Desde la formación conservadora recuerdan que el Supremo obliga al Consell a la «retroacción del procedimiento administrativo al momento en el que el Consell Insular acordó la tramitación en forma, admitiéndola, de la solicitud interesada por la parte actora Sunway SL, y a resolverla acorde a derecho».
Según el PP, los errores que achaca la sentencia al Consell de Formentera tienen que ver con «el incumplimiento del plazo de exposición pública del expediente de construcción de la vivienda en cuestión y con la falta de un informe jurídico». Por esta razón, Alcaraz considera que «tales errores deberán explicarse judicial y políticamente ya que Gent per Formentera siempre ha mantenido que no existía urbanismo a la carta y que en el expediente en concreto no había ningún error».