Hacía tiempo que no se veían tantas personalidades políticas, y tan dispares, juntas delante del Consell de Formentera, aunque como diría el maestro Shakespeare; mucho ruido y pocas nueces.

El tema de tan múltiple encuentro, con doce más un diputado, parte del equipo de gobierno insular, secretarios, personal diverso y ponentes, no era poco relevante, ya que sobre la mesa estaba el decidir el número ideal de Consellers que debería tener la máxima institución insular formenterera. Sobre la mesa, básicamente, dos opciones; o regirse por la ley electoral general del estado o bien por la ley balear de consells insulars, y eso sí, teniendo en cuenta que el ejemplo de Formentera es singular en Balears y solo comparable en autogobierno, y no del todo, a las ‘africanas’ Melilla y Ceuta.

Después del recibimiento de autoridades delante del edificio, y con un viento molesto y más bien fresco, los presentes tomaron asiento en la antigua sala de plenos del Consell/Ayuntamiento y escucharon atentamente las comparecencias del señor Àngel Navarro, secretario de la institución y de Avel·lí Blasco, catedrático de derecho administrativo de la UIB. Comparecencias seguidas de turnos de palabra y viceversa y así cuatro horas solo interrumpidas por un pequeño receso ideal para vejigas inestables tras el cual llegaron las declaraciones. La mayoría de ellas, como la de la propia presidenta de la Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament, Maria José Camps o portavoz adjunto popular, Juan Manuel Lafuente, apuntaban haber tomado nota de las iniciativas planteadas y abogaban por abrir un tiempo de consultas para escoger una opción que permita un buen gobierno aunque sin recargar la burocracia. Jaume Font apostaba por hacer llegar la consulta al pueblo formenterer para que este eligiera en alguna especie de sufragio el cómputo de gobernantes de su máxima institución y Sílvia Tur, como representante local de Gent per Formentera y PSOE, se decantaba por regirse según el número de pobladores de la isla y yéndolo cambiando en función de las variaciones que se den. Es decir, regirse por la norma estatal.

A la hora de las conclusiones, que llegarán probablemente después de periodo vacacional, habrá que tener en cuenta además la singularidad de la máxima institución insular, puesto que a diferencia de los otros consells, aquí se juntan competencias tanto de Consell como municipales. Todo un galimatías que el tiempo dirá como se resuelve.