Okupación: impotencia y negligencia

Esta semana mi cliente, Vicente Riera, ha sufrido en primera persona el drama creciente de la okupación en una vivienda propiedad de su madre en Sant Antoni. A pesar de lo que quieran vender Angy Rosselló (PODEMOS) y Antonio Lorenzo (PSOE), las denuncias por okupación ilegal crecen cada año y suponen ya uno de los mayores temores de muchas familias que ven amenazados sus hogares. Nada menos que 16.426 fueron las denuncias por okupación que hubo en España en 2024. La izquierda, siempre pronta a ponerse de lado del infractor con su irritante victimismo infantiloide, todavía no ha comprendido que su negligencia nos ha llevado a una legislación excesivamente garantista con morosos y okupas que está provocando la retirada de muchas viviendas del mercado del alquiler. Esta situación ha ocasionado un efecto llamada que da lugar a espectáculos tan lamentables como el que vivimos el pasado jueves, en el que los inmigrantes que violentaron el domicilio de Vicent se burlaron de él e incluso de las fuerzas y cuerpos de seguridad, sabedores de una normativa que les ampara y unos medios judiciales escasos para atender este problema creciente. La culpa no lo tienen los jueces devastados por la sobrecarga de trabajo o los policías que se limitan a aplicar la Ley, sino los diputados incapaces de armar una legislación que dé seguridad jurídica a propietarios e instrumentos legales a las fuerzas del orden para que actúen con rapidez y eficacia. Sánchez y Belarra sobreviven electoralmente gracias a los votos de los delincuentes que se cobijan bajo el amparo de su temeraria técnica legislativa. Pero algo está empezando a cambiar. La sociedad ya no tolera que le usurpen su casa en las narices, atónitos y desamparados. La tibieza será su tumba política.