Foto de archivo. | Europa Press

La sangre no ha llegado al río y la mal llamada ‘amnistía urbanística’ es completamente legal a ojos del propio PSOE. Elena López y Pilar Costa han sido desautorizadas por su propio jefe. Lo que para ellas era una atentado inconstitucional contra la protección del territorio, para Sánchez no representa el menor de los inconvenientes. Sucede lo mismo con la supresión de la mal llamada Oficina Anticorrupción, la cual era en realidad un chiringuito socialista para pretender suplantar la función judicial y señalar al adversario político. Pero volvamos a la payesía. Es lógico que no tengan la menor idea de los problemas que sufren los propietarios del campo ibicenco, pues sólo salen de Vila para hacer la misma foto de los almendros de Corona cada año. Su estilo siempre ha sido ordenar desde un despacho de la ciudad lo que deben hacer los payeses con sus fincas, sin tener la menor idea. A pesar de su alarmismo apocalíptico, la realidad es que esta regularización extraordinaria de viviendas en suelo rústico no supone el aumento de un sólo palmo de cemento en Ibiza. Simplemente se da encaje jurídico a una realidad física que la administración no puede desvirtuar (demoler). Los propietarios pagarán por ello un peaje nada barato entre recargo, impuestos y costes profesionales. Existen muchas edificaciones que se han ido construyendo para satisfacer las necesidades de cada familia. Ahora se da una salida que es un win-win: el propietario legaliza lo que ya existe y la administración obtiene por ello pingües beneficios económicos. Ahora falta que los técnicos municipales se ciñan al espíritu de la Ley, con un criterio uniforme que no genere inseguridad jurídica y desigualdades entre municipios (como viene pasando con el resto del urbanismo en Ibiza).